Los diputados del Partido Popular de España elevaron una petición al Senado que solicita a al Gobierno de Pedro Sánchez, presidente de ese país, liderar desde la Unión Europea todas aquellas medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
Las medidas incluirían que Nicaragua sea expulsada del Acuerdo de Asociación (ADA) Unión Europea-Centroamérica. Además, la intensificación de las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al territorio europeo a funcionarios de la dictadura y la congelación de bienes.
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La moción de los parlamentarios españoles, que fue aprobada por una amplia mayoría, pide a Sánchez «proponer ante sus socios europeos, el estudio del alcance de una revisión del Acuerdo ADA, que vincula a la Unión Europea con los países de América Central y entre ellos Nicaragua».
El AdA establece en sus disposiciones generales como principios: «El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado de Derecho».
«Desde hacía muchos años se venían denunciando la supresión del Estado de Derecho y las libertades en Nicaragua ante la pasividad de la comunidad internacional… El mundo descubrió el verdadero rostro de Daniel Ortega», dijo el portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Grupo Parlamentario Popular ante la Comisión de Asuntos Iberoamericano del Senado, Gonzalo Robles.
Liberación de presos y restitución de nacionalidad
En una nota de prensa del Grupo Parlamentario Popular urge que España y la comunidad internacional continúe presionando al régimen de Ortega y Murillo para que se logre la libertad de todas las personas presas políticas. Además, garantizar que se acabe con el hostigamiento a toda persona que disiente de Ortega y el respeto a los derechos civiles y políticos.
También que se revierta la decisión de la dictadura de arrebatar la nacionalidad a los nicaragüenses que considera sus adversarios y que se consiga la celebración de elecciones democráticas y con garantías. «Las sanciones al régimen de Ortega deben de aplicarse y ampliarse», concluyó el parlamentario español.