Organizaciones de la oposición y la sociedad civil de Nicaragua se unieron para manifestar su «agradecimiento» con los países que se han solidarizado con los más de 300 nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, piden a la comunidad internacional que tome acción ante los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
«Manifestamos nuestro agradecimiento al gesto político y solidario que han tenido países amigos como España, Argentina, Estados Unidos, Chile y México por el ofrecimiento de nacionalidad a más de 316 personas desterradas y despojadas de su nacionalidad por la dictadura. Por nuestra parte, no dejaremos de seguir luchando hasta devolverle a los ciudadanos la Nicaragua que tanto anhelamos, ni dejaremos de denunciar todos los abusos de esta nefasta dictadura que pretende perpetuarse en el poder contra la voluntad popular», expresa el comunicado firmado por 10 organizaciones.
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Lamentan que febrero haya iniciado con el «destierro de 222 personas inocentes que fueron rehenes de la dictadura, las que además fueron declaradas “traidores de la patria” despojadas de su nacionalidad y privados de sus derechos ciudadanos a perpetuidad. A esta lista se le sumó 94 liderazgos políticos e intelectuales, sacerdotes, periodistas, miembros de organismos de derechos humanos, líderes populares de base en Carazo y otros departamentos del país, quienes fueron además declarados prófugos de la justicia y se ordenó el decomiso de sus bienes», expresa el escrito.
España fue el primer país que ofreció la nacionalidad a los expatriados por el régimen de Nicaragua. Este martes, 21 de febrero, se sumó Argentina y Chile. Son 317 los nicaragüenses que han sido declarados apátridas y ahora tienen la opción de solicitar la ciudadanía en cualquiera de esos tres países. Luego se sumaron Colombia y México.
Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen. Abogados y organismos locales e internacionales de derechos humanos han afirmado que lo actuado por los jueces orteguistas es violatorio a las leyes internacionales.
Ante eso, hacen un llamado a la comunidad internacional, «principalmente a los países comprometidos con la democracia y los derechos humanos no solamente a condenar estos actos sino a traducirlos en acciones concretas, que pueden incluir más sanciones económicas y la invocación de la responsabilidad de proteger».
«Este mismo llamado lo extendemos para que los organismos multilaterales se pronuncien formalmente sobre este hecho. No dejaremos de luchar ante este régimen que solo le ofrece al pueblo y a la juventud, crisis, caos económico, social y humanitario, sin perspectivas de un futuro mejor», finaliza el comunicado.