El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, informó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de Argentina le otorgará la nacionalidad.
La resolución del gobierno de Alberto Fernández se da luego que el defensor de derechos humanos denunciara el despojo de su nacionalidad ante Juzgado Penal de Argentina por considerar un «crimen de lesa humanidad» la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega.
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«El Canciller @SantiagoCafiero mediante su Jefa de Gabinete se ha comunicado conmigo avisándome respecto del otorgamiento efectivo de la nacionalidad argentina. Agradezco al gobierno nacional argentino por su gesto humanitario», publicó Ramírez.
Según el secretario de Calidh, él habría solicitado a la autoridades de Argentina que ante su gestión «tomaran en cuenta la lentitud con la que funcionan las cuestiones migratorias en la Argentina».
Por otra parte, resaltó que aceptaba la nacionalidad «por una cuestión de seguridad jurídica. Pero que por una cuestión humanitaria que sea rápido».
Subrayó además que el hecho que asuma la nacionalidad argentina, «no significa que yo renuncio a mi nacionalidad nicaragüense. Mi nacionalidad natural es la NICARAGÜENSE y seguiré exigiendo, de ser posible hasta que me muera que me la restituyan».
«Repito: yo soy nicaragüenses porque es mi derecho inherente, no porque un acto arbitrario, unilateral, ilegal e ilegítimo del Estado de Nicaragua lo diga», recalcó el desterrado político.
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Una razón fundamental, por la que según Danny Ramírez recibió la nacionalidad argentina es que es país lo recibió «bien» y allí pudo realizar sus estudios superiores. «(,,,) Amo a este país. Así como amo a toda Latinoamérica. Mi Nicaragua está en el corazón y en la dignidad», concluyó .
El nueve de febrero, el régimen de Nicaragua desterró y quitó la nacionalidad a 222 exreos políticos, luego el 15 del mismo mes despojó de la nacionalidad a otros 94 ciudadanos nicaragüenses, entre los que están periodistas independientes, defensores de derechos humanos, opositores, activistas, feministas y sacerdotes católicos.
Según una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), los 94 nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y «prófugos de la justicia». Además, se ordenó la confiscación de todos sus bienes en el país.