La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que esta tarde su régimen reconocerá con la orden Augusto Sandino a funcionarios orteguistas que han sido piezas clave en su proceso de reelección y condena contra presos políticos de Nicaragua.
Murillo expresó que la orden en su máximo grado será entregada a «compañeras y compañeros que representan notablemente la valentía, los valores sagrados y nuestras luchas libertarias y de dignidad nacional», entre los que se encuentran los sancionados Lumberto Campbell, Ana Julia Guido, Brenda Rocha. Los funcionarios Alma Nubia Baltodano y Orlando Tardencilla también serán premiados por la dictadura.
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Los funcionarios de la dictadura serán reconocidos en el acto de conmemoración del fallecimiento de Augusto C. Sandino, «estaremos presentes en un momento histórico de reconocimiento a hermanos y hermanas símbolos, símbolos de ese heroísmo que es de los millones de nicaragüenses que sabemos decir: ¡No Pasarán, no pudieron, ni podrán!», dijo la vicemandataria.
Asimismo, la vicedictadora recordó que, «aquí estamos y seguimos, resueltos, decididos e inclaudicables en defensa de la soberanía y el decoro nacional, siguiendo los pasos de nuestro general Sandino». Afirma que los premiados han «sabido y saben mantener en alto las banderas de nuestro general Sandino, en fidelidad y lealtad de amor a nuestra Nicaragua».
Campbell ha sido un militante fiel del Frente Sandinismo en representación de la Costa Caribe, actualmente funge como vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Fue sancionado a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por su parte, Ana Julia Guido Ochoa es la actual fiscal general de la República como máxima funcionaria del Ministerio Público, encargada del caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) que preparó el terreno para juzgar a Cristiana Chamorro, Pedro Joaquin Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletes. Guido es una de las piezas más importantes en el aparato represivo del régimen.
Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, ha sido fundamental para la consumación de la reelección de los Ortega-Murillo, además del control total de las autoridades municipales mediante las recientes elecciones. Se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
