El jurista Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, uno de los 94 despojados de la nacionalidad nicaragüense por el régimen Ortega Murillo, solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que su país «desconozca» lo actuado por la justicia de la dictadura del país centroamericano.
«… teniendo como fundamento el artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos y motivado en razones de caracter humanitario por las implicaciones prácticas que en mi vida cotidiana tienen el despojo arbitrario de mi nacionalidad», reza la carta de Pineda al canciller mexicano.
El abogado nicaragüense es residente permanente en el país azteca desde el año 2014, según explica en la misiva a las autoridades mexicanas. Ademas, explica que él es hijo de padres nicaragüenses y que nació en el territorio nacional, por tanto la Constitución Política lo protege y no puede ser despojado de su nacionalidad.
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«El arbitrario despojo de mi nacionalidad me convierte en una persona apátrida y genera graves inconvenientes de enorme impacto en mi vida cotidiana como la ausencia de un documento de viaje y de un documento de identificación personal, toda vez que mi credencial como residente permanente no tiene tal carácter», afirma.
«Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 15.2) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 20.3) reconocen el derecho de toda persona a no ser despojado arbitrariamente de su nacionalidad. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Mexicano sea parte (art. 1)», añade.
Pineda y otras 93 personas fueron declaradas «traidoras a la patria» el pasado 15 de febrero por la justicia orteguista. El magistrado Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), leyó una «resolución» que quitó la nacionalidad a los nicaragüenses y ordenó la confiscación de todos sus bienes en el país.
La comunidad internacional y organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado en rechazo a las acciones de la dictadura. Consideran que es violatorio a las leyes nacionales e internacionales.