Urrejola: «Recuperación de la democracia y del estado de derecho en Nicaragua sigue pendiente»
La canciller de Chile, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora especial para Nicaragua, Antonia Urrejola; considera que el retorno de la democracia y el estado de derecho en el país centroamericano es un tema pendiente.
En un artículo de opinión publicado en Cooperativa, la ministra de Exteriores chilena señala que las más acciones del régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, «evidencia una desafección total por los principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos».
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La diplomática chilena manifestó que en el país aún están impunes la muertes de más de 300 personas en el contexto de la revuelta social de abril de 2018. «Persiste la impunidad… sin que se conozca una sola investigación imparcial que determine la verdad de lo ocurrido y asigne las responsabilidades por esas muertes», asegura.
Deriva autoritaria se pudo prevenir
La canciller del país suramericano refiere que la deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo se pudo haber prevenido a través de la diplomacia «más activa» en materia de defensa de la democracia y los derechos humanos.
Explica que el deterioro de las instituciones en Nicaragua no pasó de un momento a otro; sino que es resultado de un proceso que «pasó casi inadvertido para la comunidad internacional y particularmente para la región»
«La persistencia de una práctica dialogante y sin exclusiones resulta clave para la obtención de resultados concretos en el marco de las relaciones internacionales. Esto es especialmente importante en contextos donde no parece verse luz al final del camino, pues se abre paso a desenlaces esperanzadores como los de las personas liberadas el pasado jueves», destaca.
Urrejola se refiere a la excarcelación de 222 personas presas políticas que fueron desterradas por el régimen a Estados Unidos. A estas les arrebató la nacionalidad nicaragüense y ordenó la confiscación de sus bienes en el país.
Seis días después, este 15 de febrero, otras 94 personas, entre opositores, activistas, periodistas y sacerdotes, también fueron despojados de su nacionalidad y sus bienes les serán «decomisados».
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