Tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de expulsar del país a 317 ciudadanos nicaragüenses, amparándose en la reforma al artículo 21 de la Ley 1145 de la Constitución Política, el abogado Juan Diego Barberena afirmó que la medida está plagada de violaciones al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, principalmente en materia de derechos humanos.
«Principalmente —las acciones de Ortega violan— la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos», explicó el miembro del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
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También indicó que se está frente a una violación flagrante al debido proceso legal del principio de presunción de inocencia, tanto para los 222 exreos políticos que fueron desterrados el nueve de febrero, como las 94 personas que el 15 del mismo mes sufrieron la misma pena.
«El artículo 34 de la Constitución Política que establece la regla del debido proceso y el mismo código de procedimiento penal del artículo uno y 16 que establecen los principios rectores del proceso penal establecen que ninguna persona debe presumirse culpable hasta que no exista una sentencia judicial que haya adquirido firmeza», explicó Barberena.
Además señala que se está ante una violación al derecho a la defensa porque «las autoridades judiciales han prejuzgado el fondo del asunto sin que hayan sido oídas las 94 personas que están asiendo acusadas».
Otra de las anomalías jurídicas que refirió el abogado es que el Tribunal de Apelaciones de Managua, quien dictó la sentencia para los más de 90 ciudadanos declarados «apátridas», «no tiene ninguna competencia y jurisdicción para dictar esa resolución o declaración judicial que dio lectura el señor —juez— Ernesto Rodríguez».
Monseñor Álvarez hizo fracasar el operativo de Ortega
Por otra parte, indicó que el «operativo» de Ortega para excarcelar a los rehenes de conciencia fracasó por la figura de monseñor Rolando Álvarez, obispo de de la Diócesis de Matagalpa, quien se negó al destierro y le costó una condena de 26 años de cárcel y el despojo de su nacionalidad.
«Monseñor Rolando Álvarez ha mantenido una posición incólume, un poco del ejercicio evangelizador, desde el martirio y sacrificio en contra de la imposición de penas políticas arbitrarias y en contra de la violación a su derecho a profesar libremente la fe».
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Resaltó que los dos errores mayores del dictador Ortega es primero mantener al obispo Álvarez preso, porque genera que «haya un elemento catalizador en virtud de la cual se aglutinen las distintas voces de demanda de la salida del poder de Nicaragua», y segundo es que todas las violaciones a los derechos humanos recobran vigencia «y son demandas que hay que solucionar y que solucionarán el problema político de Nicaragua».
Ortega y «sus otras cartas de negociación»
El analista político detalló los recientes errores del dictador Daniel Ortega y sus protecciones con arrebatar la nacionalidad a las voces disidentes y lideres gremiales.
Afirmó que con esta reciente embestida, el régimen orteguista estaría intentando levantar no solo la moral de sus seguidores después de la excarcelación de 222 presos políticos, sino también tener otras cartas de negociación ante los Estados Unidos.
«El mensaje —de Ortega— es que primero reafianza el control interno del país y estamos ante hechos que pretendencialmente reflejan es para la dictadura tener una tendencial carta de negociación con quienes principalmente han querido dialogar, que es con los Estados Unidos», recalcó.
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Argumentó que la dictadura de Nicaragua, al perder sus «principales cartas de negociación» que eran los presos políticos, «ahora necesita tener algunas otras cartas de negociación para que en el momento de dialogar con los EE.UU., tener que ceder a efecto del juego político interno dentro de Nicaragua».
Hasta el momento el gobierno de Nicaragua ha quitado la nacionalidad a más de 300 ciudadanos a quienes ha calificado de traidores a la patria, lista que según Barberena puede incrementar por órdenes de la «camaradería delincuencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo que están en el poder».