La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) se pronunció en rechazo a las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de opositores, activistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y periodistas a quienes despojó de su nacionalidad señalándoles de «traidores a la patria».
Ante esta situación, apelan a «la solidaridad de los estados en donde se encuentren ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses desterrados por el régimen Ortega Murillo, para que estos puedan tener acceso a un trato deferente en los trámites para regularizar su situación migratoria. Rechazamos categóricamente, las acciones emprendidas por el régimen», refiere el comunicado.
Noticia relacionada: Opositores denuncian que despojo de nacionalidad a nicaragüenses constituye «terrorismo de Estado»
La Unab denuncia que el arrebato de nacionalidades a 94 nicaragüense, así como pena de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos y la confiscación de sus bienes el régimen lo consuma «amparados en leyes espurias».
Denuncia que entre los ciudadanos afectados se encuentran Ana Quirós y Héctor Ernesto Mairena, miembros del Consejo Político de la Unab, al igual que otros cinco integrantes de la organización a quienes expresan su «total respaldo, al igual que al resto de ciudadanas y ciudadanos que han sido acusados por la dictadura».
Ante esto, hacen un llamado a la comunidad internacional a que «tenga especial atención en lo que sucede en Nicaragua y al mismo tiempo solicitamos que se impongan sanciones fuertes dirigidas de manera individual a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que desde hace años han venido transgrediendo el orden constitucional, destruyendo la institucionalidad y por lo tanto el Estado de Derecho, así como cometiendo actos de lesa humanidad en contra de la población opositora».
Según una resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, los nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y por eso perdieron la ciudadanía, amparado en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
«… ténganse a los acusados como traidores a la Patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente», señala el Resuelve I de la resolución.
La dictadura también ordenó la confiscación de «todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios, para responder por los delitos cometidos».
