La Coalición Nicaragua Lucha denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa sin cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al arrebatar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. Entre los nuevos despojos están periodistas, activistas, exfuncionarios del régimen, defensores de derechos humanos y opositores.
«El régimen de Ortega-Murillo, bajo la figura de “traición a la patria”, inclusive sin un juicio y con total falta de debido proceso, ha profundizado sus prácticas violatorias ante la mirada de organismos internacionales, instituciones de derechos, y espacios multilaterales. Lejos de cumplir con sus deberes internacionales, el Gobierno nicaragüense sigue practicando un terrorismo de Estado, sofisticando sus métodos represivos, dejando en situación de apátrida a personas», refiere la organización.
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La Coalición reitera que muchas de estas personas habían sido beneficiadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con medidas cautelares y provisionales para preservar su integridad y el respeto a sus derechos.
«Recordamos que la nacionalidad constituye un derecho irrevocable de todas las personas, y su privación arbitraria, aún más como sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos», añade.
Según una resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, los nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y por eso perdieron la ciudadanía, amparado en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
La dictadura también ordenó la confiscación de «todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios, para responder por los delitos cometidos».
Estas 94 personas se suman a los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que han perdido la nacionalidad nicaragüense por órdenes del régimen de Ortega y Murillo.
«La Coalición convoca a que, en cada espacio de resistencia en el mundo, se alce la voz en solidaridad con el pueblo nicaragüense. No se puede hablar de una Latinoamerica democrática si en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad», finaliza el comunicado de la organización.