La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se unió a la condena por los 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad. Ve con «indignación» que en esta lista se encuentra la defensora de derechos humanos y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.
«La casi totalidad de ellos están fuera de Nicaragua habiendo tomado la dolorosa decisión de salir del país para salvaguardar su integridad. Vilma Nuñez de Escorcia, presidenta y fundadora del Cenidh, desde 1990 hasta la fecha, permanece en Nicaragua reivindicando su derecho a defender las víctimas de violaciones de derechos humanos y a exigir una transición democrática. Frente a esta nueva situación, la FIDH pide que se garantice su integridad y seguridad», refiere la denuncia de la organización internacional.
Noticia relacionada: «Unámonos para ver una Nicaragua libre», la súplica de Danny Ramírez, uno de los despojados de su nacionalidad
Asimismo, destacan su trayectoria por la defensa de los derechos humanos desde hace 60 años, cuando se confrontó a la dictadura de Somoza, sobrevivió a la Masacre Estudiantil del 1959. Encarcelada, torturada y procesada por un Tribunal Militar en esa época, luego llegó a ser una de las primeras mujeres magistradas en las Altas Cortes de Nicaragua y durante 10 años vicepresidenta de la FIDH.
«Es aberrante el nuevo giro que ha tomado el régimen Ortega Murillo. La comunidad internacional debe condenar la conducta arbitraria y absolutista del Estado. Tomará tiempo pero no quedarán en la impunidad las actuaciones de estos policías, funcionarios y jueces que burlan el Estado de Derecho y la dignidad de los nicaragüenses», expresó la directora de las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.
El régimen de Daniel Ortega arrebató la nacionalidad 94 nicaragüenses este miércoles, entre los que se encuentran periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios del régimen y opositores. La dictadura también ordenó la confiscación de «todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios, para responder por los delitos cometidos».
La FIDH resalta que la nacionalidad constituye un derecho inderogable y su privación arbitraria en este caso es una grave violación de los derechos humanos a nivel internacional. Ante esto, considera que la actuación del Tribunal de Apelaciones continúa un claro y grave camino de criminalización y hostigamiento de la sociedad civil en Nicaragua por parte de la pareja presidencial.
Solicitan a la comunidad internacional continuar el monitoreo cercano de la situación en Nicaragua, en particular en relación a Vilma Núñez y las otras personas que siguen en Nicaragua, «asegurando que se respete su libertad y su integridad física y psicológica; así como a renovar y endurecer la Resolución sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas».
Las 94 personas declaradas «apátridas», se suman a los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que han perdido la nacionalidad nicaragüense por órdenes de la dictadura de Ortega y Murillo.
