Al menos cinco defensores derechos humanos figuran en la lista de ciudadanos a los que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad nicaragüense, quienes desde el exilio forzado continúan exponiendo a nivel internacional las violaciones a derechos humanos que el régimen comete contra el pueblo nicaragüense.
El juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), acusó a los abogados de «traición a la patria», una medida impuesta hace una semana a los 222 presos políticos que la dictadura desterró a Estados Unidos. Asimismo, a los acusados se les declaró prófugos de la justicia.
«Ténganse a los (94) acusados por traidores a la patria por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente», señala la sentencia.
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Los defensores de derechos humanos que aparecen en la lista son Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más exiliado en Costa Rica; Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh; Pablo Cuevas, exintegrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), exiliado en Estados Unidos, Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).
Ante esta situación, Gonzalo Carrión señaló que «esa lista está hecha por quienes no nos representan, por quienes no son gobierno, por una familia dinástica tiránico, obcecada en el poder, que el proximo abril cumple cinco años de sistemática persecución, responsable de crímenes de lesa humanidad».
«Con mucha firmeza, con dignidad, con orgullo persona y profesional en mi calidad de más de 30 años de defensor de derechos humanos nacido en Nicaragua de madre y padre nicaragüenses, mi ombligo allá en Nicaragua, en mi charco, con mi familia, con mi esposa, con ese orgullo con la consciencia tranquila, sin ser ladrón, ni delincuente, con casa pagada con el sudor de trabajo por todo en la vida con mi familia, mis hijas y mi esposa, con los bienes adquiridos sin robarlos y sin dar dado por el régimen que acostumbra a dar y a obligar que la gente se arrodille y le agradezca», resaltó Carrión, en un video publicado en la cuenta de YouTube del Colectivo.
El abogado Álvaro Leiva también se pronunció ante esta nueva medida que el régimen ha aplicado a 317 nicaragüenses. «Recuerdo en estos momentos difíciles a monseñor Pablo Antonio Vega, cuando el Ortega de los 80, tan dictador y criminal como el de hoy, lo desterró hacia Honduras: «La patria no se da ni se quita; la patria se lleva en el corazón», escribió en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Pablo Cuevas afirmó que por su lucha en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y por exponer la represión y persecución de la dictadura, él ha sido «víctima del despojo arbitrario de mi nacionalidad y mi único bien que es mi casa en Managua».
«Característica de la dictadura de manera ilegal y arbitraria, me arrebató el derecho contemplado en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice textualmente: Ningún ciudadano puede ser privado de manera arbitraria de su nacionalidad, esta misma norma habla del derecho a la propiedad, ambos derechos atropellados a mi persona por la dictadura por el solo hecho de denunciar con fortaleza las violaciones a la ley, a la justicia y a los derechos humanos por parte de la dictadura consecuencia de mi actuar del lado correcto de la historia tanto en el interior de mi país como ahora en el exilio», denunció Cuevas en un comunicado.
Asimismo, Danny Ramírez-Ayérdiz aseguró que los ciudadanos despojados de su nacionalidad «son nicaragüenses por imperio, del principio de legalidad, retroactividad y supremacía de la Constitución Política de Nicaragua».
«Al enterarme de que esa pena infame me es impuesta, que es completamente arbitraria, yo tengo que decirlo yo soy nicaragüense no porque el gobierno de Nicaragua lo diga, yo soy nicaragüense porque así lo dice nuestra Constitución, porque así lo dice la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, porque así lo dicen los tratados internacionales, que obligan a Nicaragua», sostuvo el abogado de Calidh.
Los defensores nicaragüenses despojados de su nacionalidad reiteraron su compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos del pueblo de Nicaragua a cualquier costo.