Abogados defensores de derechos humanos calificaron de “inconstitucional” y carente de “legalidad” la reciente arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de 94 nicaragüenses, a quienes despojó de su nacionalidad, entre los que figuran sacerdotes, defensores de derechos humanos, exfuncionarios de la dictadura, opositores y periodistas.
Según una resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, los nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y por eso perdieron la ciudadanía, amparado en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
La dictadura también ordenó la confiscación de «todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios, para responder por los delitos cometidos».
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El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, a quien el régimen nicaragüense incluyó en la lista de desterrados, refirió que lo “sorprendente” de las “ridiculeces” en las que son sometidos los jueces y magistrados de la dictadura, es que “hacen una simulación de proceso, creyendo que con solo el hecho de vestir una toga, esas decisiones tienen algún tipo de apariencia de legalidad o legitimidad».
“Tanto ellos como yo hemos sido trabajadores del Poder Judicial y sabemos cómo se hacen las cosas (…) pero se siguen enredando en su propia telaraña y siguen construyendo su propio futuro, porque de estos tendrán que dar cuenta algún día”, señaló el exfuncionario.
Aplican leyes sin ninguna legalidad
El jurista explicó que tras la reforma al Artículo 21 de la Constitución Política, en la que se abre la puerta para que a ciudadanos se les retire la ciudadanía, los magistrados olvidaron reformar o derogar el Artículo 20 de la misma Constitución, “que dice que los ciudadanos nicaragüenses no podemos perder la ciudadanía”.
En cuanto a la vigencia de la reforma articulo 21, el abogado explicó que debió ser aplicada luego de la discusión en una segunda legislatura, sin embargo el régimen la comenzó a aplicar de forma expedita, sin haber sido aprobada, por lo que considera que no tiene validez.
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«Por otro lado, las leyes no rigen para el pasado, nuestra Constitución es clara en señalar que las leyes rigen para el futuro y cualquier ley que se crea en Nicaragua va a regir sobre hechos del futuro y no del pasado y ellos —los jueces y magistrados— saben que eso no funcionad así», refutó.
Insistió en que los jueces y magistrados saben que para resolver un proceso deben tener el poder que le otorga la ley, y no pueden ejercer cuando no hay un proceso judicial. «A mí no se me ha escuchado y en Nicaragua no existe la condena penal en ausencia», dijo.
Por su parte, la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez expresó a través de su cuenta de Twitter que «una persona es nacional porque es su derecho que le acompaña desde que nace hasta que muere y no porque lo diga siquiera una constitución o una ley».
Resaltó que la nacionalidad nicaragüense «no las crea el Estado, existen y son superiores a el porque hacen parte de la naturaleza humana».
“Aparezco en una lista echa por quienes no nos representan“
El defensor de derechos humanos e integrante del Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, expresó que su nacionalidad nicaragüense se le fue despojada «por quienes no nos representan», en referencia al régimen Ortega-Murillo.
«Estoy en una lista por una familia dinástica tiránica, que el próximo abril cumple cinco años de sistemática represión y responsable de crímenes de lesa humanidad», señaló Carrión.
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Recalcó que como defensor de derechos humanos que lucha por la libertad «con orgullo le digo a quienes ordenaron el destierro de mis amigos, colegas y de la gente —exreos políticos que está en Estados Unidos que recibo viendo hacia el horizonte con firmeza y abrazo a los que aparecemos en esa lista».
«Hoy les digo a la familia criminal y a sus cómplices de crímenes de lesa humanidad, que Gonzalo Carrión no se rendirá; aquí estoy firme y digno, seguiré siendo defensor de derechos humanos», concluyó con aplomo.
La arremetida de Ortega contra defensores de derechos humanos, opositores, sacerdotes y periodistas, se da luego que el nueve de febrero desterró a 222 exreos políticos, a quienes había condenado por delitos comunes y supuesta traición a la patria.