El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, se encuentra de regreso en Managua luego de gestionar la entrada al país norteamericano de 222 personas presas políticas del régimen de Daniel Ortega. Afirma que el gobierno de Joe Biden se encuentra «orgulloso» por el recibimiento de la mayoría de opositores nicaragüenses.
«De vuelta en Nicaragua tras una semana en la que Estados Unidos le dio la bienvenida a un grupo de 222 presos políticos de Nicaragua. El enorme esfuerzo logístico y humanitario que montamos en pocos días fue un logro que nos enorgullece y que hicimos con mucho amor por el pueblo de Nicaragua», expresó el embajador estadounidense.
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Este pasado nueve de febrero, el gobierno de Nicaragua liberó y desterró a casi el 80 % de presos políticos, y aunque el dictador Daniel Ortega ha afirmado que la decisión fue unilateral, críticos y opositores señalan que «se le dobló el brazo» a su régimen y no pudo aguantar la presión internacional.
Los opositores arribaron a Washington D.C. la mañana del jueves, en su llegada fueron atendidos por personal médico que valoró su situación de salud tanto física como psicológica. Organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su «alivio» por la liberación de los opositores, pero rechazaron el destierro al que fueron sometidos.
Fueron desterrados por ser considerados «traidores de la patria», para justificar su decisión reformaron el artículo 21 de la Constitución Política de la República, a través del Poder Legislativo, y ordenaron al Poder Judicial emitir una orden de «deportación» por violar la Ley 1055, Ley de Soberanía.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que la dictadura cometió «atrocidades jurídicas» al desterrar a las 222 personas presas políticas a Estados Unidos, además de arrebatarles la nacionalidad nicaragüense a través de una reforma posterior.
Según el organismo defensor de derechos humanos, las personas presas políticas «son inocentes, fueron encarceladas y condenadas a través de juicios que carecieron de legalidad al violentar el debido proceso, tanto las normativas internas como el código procesal penal y la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías internacionales en materia de derechos humanos».