El Colectivo de ex Funcionarios y ex Fiscales de Nicaragua (CEFF) rechazaron la medida de la apareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de desterrar a 222 exreos políticos y despojarlos de su nacionalidad.
«—La acción del régimen de Nicaragua— va acompañada de una pena ilegal como es el destierro de nuestra patria, así como el inconstitucional despojo de la nacionalidad nicaragüense, que los convierte en apátridas y los deja en un estado de vulnerabilidad, sobre todo a los presos políticos más desposeídos y que no cuentan en Estados Unidos con recursos familiares y económicos para enfrentar su nueva realidad», advirtieron los exfuncionarios del Estado.
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Recordaron que uno de los principales derechos humanos que reconoce el derecho internacional, es el derecho de toda persona a una nacionalidad y a no verse privado arbitrariamente de ella, «asimismo, el principio de progresividad, establece que las reformas legales que realiza un Estado en su derecho interno debe ser progresivo, es decir, que garanticen mayor protección, amplitud y reconocimiento de derechos».
Además explican que «no deben hacerse reformas que vayan en detrimento de los derechos humanos de los ciudadanos, como hace el régimen de Nicaragua».
En cuanto a la reforma constitucional aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional, el CEFF indicó que el único objetivo es para «despojar de la nacionalidad a los ciudadanos nicaragüenses que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo considere traidores a la patria».
«Dicha reforma constitucional, es en sí misma inconstitucional ya que contradice lo establecido en el artículo 20 de la Constitución que señala “que ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”, asimismo es contraria a los convenios internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, que son derecho positivo y vigente conforme lo establece el artículo 46 de la Constitución, lo que les otorga una categoría de normativa jurídica constitucional», explican.
«Hay más presos políticos en Nicaragua»
Por otra parte, los exfuncionarios refirieron que pese a que se liberó a más del 80 por ciento de los rehenes políticos, aún hay otros grupo de opositores cautivos en las diferentes cárceles de Nicaragua.
Resaltaron que uno de los presos políticos de Ortega es monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, condenado recientemente a 26 años de cárcel, y quien, según los exfuncionarios, es un «mártir de la Iglesia Católica de Nicaragua».
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«Debemos continuar exigiendo la liberación plena, total, absoluta y sin condiciones de cada uno de estos presos políticos, incluyendo aquellos que no están dentro de las listas reconocidas de presos políticos, respetando su derecho natural y constitucional a permanecer en nuestro territorio, sin destierro, porque en la práctica, constituye también una pena ilegal», exhortaron.
«En la lista de desterrados están violaciones a los derechos humanos»
En cuanto a la lista de los 222 exreos políticos desterrados, el Colectivo de ex Funcionarios y ex Fiscales de Nicaragua señaló que el régimen de Nicaragua incluyó militantes y exfuncionarios de la administración orteguista, como Marlon Gerardo Sáenz Cruz conocido como “Chino Enoc”, Hans Camacho Chévez, exfuncionario judicial, Roberto José Larios Meléndez, exvocero de la Corte Suprema de Justicia, Moisés Abraham Astorga Sáenz y María José Camacho Chévez, asesores de la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Ante esta acción, indican que «estos ciudadanos participaron de forma directa e indirecta como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses», por lo que instan al gobierno de los Estados Unidos y a los ciudadanos nicaragüenses «a impulsar procesos de rendición de cuentas».
Aseguran que si no se exige rendición de cuenta a los exfuncionarios y militantes sandinistas, se estaría enviando «un mensaje equívoco de que estos ciudadanos tienen la misma condición de víctimas y presos políticos de los excarcelados este 9 de febrero del 2023 y otros excarcelados anteriormente que han sido víctimas de asedios, amenazas, detenciones ilegales, que en una gran cantidad de casos se han visto forzados al exilio».
«Esta exhortación es para que se haga justicia y no se genere impunidad, ya que la impunidad, de acuerdo a nuestra experiencia histórica, promueve la repetición cíclica de hechos de violencia en nuestro país que son resueltos a través de pactos y componendas políticas que no pueden ni deben existir en la nueva Nicaragua», concluyeron.