El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) condenó la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega contra presos políticos, a quienes además de condenarlos por delitos calificados como espurios, ahora también los inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos y de elección popular.
La reacción del organismo se da luego que se conociera que los seis religiosos y un laico de la Diócesis de Matagalpa fueran condenados a 10 años de prisión, 800 días multa, más la inhabilitación para que ejerzan cargos públicos y de elección popular.
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Ante esto, Calidh calificó de «infame» la acción de la dictadura de Ortega al inhabilitar de forma perpetua el ejercicio de sus derechos ciudadanos «o muerte civil en Nicaragua».
Agregó que «la muerte civil recuerda momentos terribles durante el sistema inquisitivo aplicado por el Estado o la Colonia», lo que según el organismo, es «una nueva modalidad de vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua (…) condenadas por razones infundadas, arbitrarias y discriminatorias en razón de su postura política».
A su vez, advirtió a la comunidad internacional que esta nueva modalidad constituye una grave violación «no solamente de la garantía de una sentencia justa, imparcial y motivada en base a derecho, sino también al principio de legalidad «pues la figura de “inhabilitación perpetua para el ejercicio de los derechos políticos” no existe en la legislación nicaragüense y es contraria al espíritu de la Constitución Política de la República de Nicaragua y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
Muerte civil para las personas condenadas
Subrayó que los derechos ciudadanos que estarían siendo objeto de inhabilitación perpetua son los estipulados en la sección de derechos políticos de la Constitución en su artículos 47 al 55, dentro de los que se encuentran, además del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos, los derechos a la libertad de expresión, derecho a la reunión, derecho a la asociación, entre otros.
«El Centro observa que estas penas accesorias constituirían una muerte civil para las personas condenadas y que se extenderían a un tiempo posterior incluso al cumplimiento de la condena, lo cual resulta inaceptable», cuestionó Calidh.
«A pesar de que se introdujo la prisión perpetua mediante una controvertida reforma constitucional, Calidh observa con gravedad que el Estado de Nicaragua ya no procede sobre las penas de las leyes que diseñó especialmente para castigar a las voces disidentes y opositoras, sino que ahora se inventan directamente», añadió.
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Los defensores de derechos humanos hicieron el llamado al régimen de Nicaragua a «abandonar la práctica el sistema inquisitiva aplicado por el Estado o la Colonia», más bien los instan «a retomar el espíritu humanitario de la ley penal, procediendo a la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos».
Acción ridícula
Por su parte, un sacerdote expresó en entrevista a Artículo 66 que es «ridículo» que el régimen de Ortega prohíba ejercer cargos públicos a religiosos condenados recientemente.
En referencia a que si la justicia nicaragüense quiere extender esta acción para impedir el servicio sacerdotal, el prelado señaló que «el Estado no me puede prohibir ejercer mi sacerdocio, porque eso se llama abuso de poder».
«Ellos —los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo— creen que Nicaragua es propiedad de ellos y que pueden mandar y disponer sobre nuestras vidas y nuestros actos, y es por eso que imponen unas leyes tan ridículas y fuera de lugar», fustigó.
Recalcó que los sacerdotes están no por voluntad de un gobierno, sino por la voluntad de Dios. «La potestad que yo tengo para celebrar la eucaristía no me la da el gobierno, sino que me la da el Señor, la única que me puede prohibir celebrar la eucaristía es la Iglesia, pero si esta imposición se refiere específicamente a lo político, esas ya son leyes humanas», dijo.
Si por crímenes de lesa humanidad, terrorismo, asaltar bancos, secuestrar y ordenar asesinatos sumarios, el prime inhabilitado seria Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. Estos dos criminales ya están condenados por los múltiples crímenes cometidos y reconocidos por miles de testigos en toda Nicaragua. Así que estos criminales tienen la audacia de acusar, deberían de ser los primeros en ser juzgados.