La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció este martes la consumación del «robo» de sus instalaciones, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminara los emblemas y colores del edificio ubicado en Managua, que por años le perteneció al organismo, hasta que la dictadura los despojó de su personalidad jurídica en abril de 2022.
«La dictadura sangrienta del Frente Sandinista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, además de haber consumado el robo de nuestras oficinas en Managua pretende borrar toda huella del trabajo que realizamos en defensa del pueblo nicaragüense”, denunció la CPDH en su página de Facebook.
El organismo añadió que, por más que el régimen haya borrado sus emblemas y colores, “no podrán borrar los crímenes y torturas cometidos por sus desmedidas ambiciones de poder y su megalomanía totalitaria”.
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El 19 de enero pasado, las instalaciones de la CPDH fueron tomadas por agentes del régimen orteguista. El abogado y secretario administrativo de CPDH, Marcos Carmona, afirmó entonces que esta acción sucedería «tarde o temprano». «Desde que nos quitaron la personalidad jurídica estábamos claros que el edificio iba a ser confiscado», dijo.
Ante esta situación, la CPDH manifestó que “nunca vio colores políticos” en el trabajo de recepción y acompañamientos de denuncias, “por el contrario, siempre hemos tenido presente el compromiso con el pueblo, y lo seguimos defendiendo a cualquier costo”.
El 20 de abril del año pasado, la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional canceló con 74 votos a favor la personalidad jurídica de la CPDH. Antes de la ilegalización del organismo, sus abogados denunciaron las irregularidades del régimen en cuanto al proceso de inscripción como agentes extranjeros, una normativa que obliga a todas las asociaciones sin fines de lucro a rendir cuentas al Estado de todas las donaciones e ingresos que reciben.
Con el cierre de la CPDH, no queda ninguna organización en defensa de derechos humanos legalizada en Nicaragua. Desde el 2018, esta oenegé sufrió asedio y hostigamiento a sus directivos y abogados. Mientras que la abogada María Oviedo, miembro de este organismo, fue secuestrada por la Policía desde hace más de 18 meses y condenada por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional».
