La Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega se tomó las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organismo que fue despojado de su personalidad jurídica en abril de 2022.
La noticia de la toma del edificio por los agentes policiales fue confirmada por vía telefónica a Artículo 66 por el abogado Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de CPDH.
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A través de un comunicado, la organización, con sede en Miami, Estados Unidos, —debido a la ola represiva de Ortega— condenó la acción de la dictadura de Nicaragua. «Hemos conocido que en horas de este jueves, 19 de enero, cuatro patrullas con antimotines llegaron a apropiarse de nuestra edificio», denunciaron.
«No han logrado callar nuestra voz»
Pese a la consumación del robo de las oficinas de CPDH, los directivos afirmaron que «estos actos represivos ni las amenazas ni el encarcelamiento contra nuestra funcionaria, la doctora María Oviedo, han callado ni callarán nuestra voz y nuestra lucha por defender los derechos humanos de los nicaragüenses».
Asimismo, se comprometieron a «seguir firmes en la demanda nacional e internacional por verdad, justicia, reparación y no repetición a favor de las víctimas y sus familiares».
«Desde el exilio forzado, seguimos acompañando a nuestro sufrido pueblo en el duro camino hacia la deconstrucción y la democratización de nuestra amada Nicaragua», recalcaron.
Por su parte, el abogado y secretario administrativo de CPDH, Marcos Carmona Carmona, afirmó que esta acción sucedería «tarde o temprano». «Desde que nos quitaron la personalidad jurídica estábamos claros que el edificio iba a ser confiscado», dijo.
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Aseveró que esta nueva acción de Ortega no es extraña, «porque ha sido una práctica y una costumbre de la dictadura de robar y ultrajar los derechos de los nicaragüenses (…) Sin embargo, esto nos hace más fuertes porque desde el exilio seguimos comprometidos con nuestro pueblo para seguir denunciando los atropellos de la dictadura, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista».
El 20 de abril del año pasado, la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional canceló con 74 votos a favor, cero en contra, 15 abstenciones y un presente, la personalidad jurídica de la organización defensora de derechos humanos, donde incluyó a otras 24 oenegés.
Antes de la ilegalización de CDH, sus funcionarios habrían denunciado que se intentó presentar el acta de cumplimiento, documento con el que podían inscribirse como agentes extranjeros, una normativa que obliga a todas las asociaciones sin fines de lucro a rendir cuentas al Estado de todas las donaciones e ingresos que reciben.
Con el cierre de la CPDH, no queda ninguna organización en defensa de derechos humanos legalizada en Nicaragua. Desde el 2018, esta oenegé sufrió asedio y hostigamiento a sus directivos y abogados. Desde hace más de 18 meses, la justicia de Ortega mantiene cautiva en «El Nuevo Chipote» a la abogada María Oviedo, a la que condenó por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional».
