La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura del «maridazgo» entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años.
Ese «acuerdo» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.
Este modelo que bautizaron de «diálogo y consenso» acabó tras el inicio de las protestas. El Cosep decidió romper su «alianza» con la dictadura y adoptar una posición acorde a la nueva realidad que vivía el país.
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Las manifestaciones en todo el país fueron por la aprobación de una reforma a la seguridad social, misma que imponía un impuesto para las pensiones, el aumento de la cuota laboral y una mayor cuota para la patronal, representada por los empresarios. El Cosep cerró filas y se opuso a la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La reforma de 2018 fue derogada por Ortega en el fulgor de las protestas y posteriormente la volvió a aprobar.
Cárcel a dirigentes empresariales
Las consecuencias contra el sector empresarial han sido nefastas, Ortega ordenó el encarcelamiento de sus principales dirigentes gremiales: José Adán Aguerri, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas; expresidente, presidente y vicepresidente de la organización respectivamente.
A esta ola de arrestos también se sumó la captura del banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Grupo Promérica y del Banco de la Producción (Banpro). Rivas, Aguerri, Healy y Vargas fueron acusados por presuntos delitos de traición a la Patria. Al banquero también lo señalaron de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos.
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Rivas fue detenido el 15 de junio de 2021, luego de presentarse a la Fiscalía orteguista para ser «entrevistado», convirtiéndose así en el primer banquero contra quien la administración de Ortega ordenó cárcel, bajo el argumento de ser «traidor de la patria».
Aguerri fue apresado el ocho de junio de 2021 y condenado a 13 años de prisión. Healy y Vargas fueron arrestados el 21 de octubre de 2021. La justicia orteguista los impuso una condena de 13 y nueve años de prisión respectivamente.
La supuesta «presión» de EE. UU. a los empresarios
Daniel Ortega acusó el pasado 31 de enero al Gobierno de Estados Unidos de haber presionado a los empresarios nicaragüenses para que se levantaran en su contra durante la revuelta popular que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos.
«Aquí (en Nicaragua) todo venía caminando bien (…), pero el imperio (estadounidense) siempre ahí conspirando, conspirando los imperialistas de la tierra, y amenazando a los empresarios, que habían hecho esa gran alianza con nosotros», sostuvo el dictador.
Según Ortega, Washington amenazó a los empresarios nicaragüenses «que les iban a aplicar sanciones para llevarlos a la quiebra y todos los negocios que hacían desde los Estados Unidos, que toda la plata (dinero) que tenían en los bancos, la iban a perder».
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«Y eso los llevó, a los empresarios, a rendirse y sumarse al plan de violencia, de terror, de muerte, de quema de unidades de transporte, de secuestro de unidades de transporte, de tortura, asesinato y quema de jóvenes y adultos, de mujeres, de policía», añadió.
El cierre de Asobanp
Ortega arremetió contra el gran capital al ordenar la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp). El Ministerio de Gobernación borró los registros y número perpetuo de la organización según la Acuerdo Ministerial No. 05-2023 OSFL publicado en en Diario Oficial La Gaceta No. 20 de este viernes, tres de febrero de 2023. Economistas advirtieron que dicha acción podría ser una «pasada de cuentas» por oponerse en 2019 a las reformas tributarias.
Asobanp declaró en febrero de 2019 su «profunda preocupación» por la reforma a la Ley de Concertación Tributaria y unas modificaciones a la seguridad social. Otro de los aspectos que señalaron economistas es que con la ilegalización de Asobanp, la dictadura de Nicaragua «pretenda crear una especie de asociación de bancos afines al gobierno».
«Las reformas tributarias y de seguridad social propuestas tendrán un efecto negativo en la economía nacional, impactando en la población menos favorecida, incrementando el desempleo, fomentando la economía informal y desincentivando a la inversión nacional y extranjera», señaló Asobanp en ese momento.
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La banca consideró «determinante que cualquier reforma propuesta debe ser supeditada a una solución integral de la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país, para así restablecer la confianza de todos los sectores económicos».
Dicha reforma elevó el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias, ante la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. Asobanp fue fundada en 1993, hace 30 años.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ortega solo reconocía 200, per recientemente dijo fueron más de 300 y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
