La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica y sus sacerdotes se «agravó» en el año 2022, refleja el informe anual «Nicaragua: Se impone el terror, persiste la resistencia» del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El organismo considera que la dictadura persigue el «propósito perverso» de destruir la autoridad de la Iglesia que le ha dado la ciudadanía nicaragüense a raíz de su labor pastoral en el contexto de la crisis social, política, económica y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018.
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«Este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de, daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras, hostigamientos durante misas, a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes», analiza el Cenidh en su informe del año pasado.
El Cenidh documentó el paso a paso de la persecución, hostigamiento, aprehensión y juicio político contra monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí. El purpurado es el primer religioso nicaragüense con ese rango clerical que fue tomado como preso político por el régimen.
A monseñor Álvarez lo apresaron el 19 de agosto cuando fue sacado por la fuerza de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa junto a otros sacerdotes, seminaristas y un laico. Todos están acusados por delitos de traición a la patria: conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real de noticias falsas.
«La persecución contra sacerdotes no tuvo límites en 2022, el régimen Ortega Murillo incluso les imputó delitos comunes, sin presentar elementos probatorios consistentes y creíbles, con el fin de mancharles la imagen por su acompañamiento en la demanda de justicia y respeto a los derechos humanos», refiere el informe.
Los sacerdotes, seminaristas y laicos presos
El primer sacerdote apresado fue el padre Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime de la Diócesis de Granada. El religioso fue aprehendido el primero de junio de 2021. García fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por los supuestos delitos de lesiones físicas y psicológicas.
El segundo religioso preso es monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue detenido el 13 de julio en su ciudad. El régimen lo condenó a 30 años de cárcel por el supuesto delito de violación a una menor de 14 años.
El padre Óscar Benavidez, párroco de la Iglesia Espíritu Santo, de Mulukukú de la Diócesis de Suina, fue arrestado la tarde del domingo, 14 de agosto, y se convirtió en el tercer sacerdote católico en prisión. Fue aprehendido luego de salir de la capilla Concepción de María, donde ofició su homilía basada en la persecución y hostigamiento a los profetas.
El padre Enrique Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia Santa Martha, de la Arquidiócesis de Managua, fue secuestrado la tarde del 13 de octubre, días después fue acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Junto a monseñor Álvarez también fueron apresados el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl Vega González. Los otros presos son los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas.
En diciembre del 2022 el régimen encarceló a Manuel Antonio Obando Cortedano, jefe de medios de la Diócesis de Matagalpa y periodista de confianza de monseñor Álvarez. Además, fue apresado Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced, el medio de comunicación de la Diócesis.
Ortega quiere «destruirles la honra y reputación»
El organismo defensor de derechos humanos concluyó que la libertad de conciencia y de religión es causa de hostigamiento, agresiones; incluso detención arbitraria y procesamiento de decenas de sacerdotes y criticó que todo esto ocurre «frente al silencio o respuestas tímidas de los altos dirigentes de la Iglesia católica».
El régimen de Nicaragua—asegura el Cenidh— ha señalado a los obispos y sacerdotes como sus principales enemigos y »está enfocado en destruirles la honra y la reputación» con esas acciones represivas.
«El régimen Ortega Murillo ha vulnerado leyes nacionales e internacionales, en este caso, el derecho humano a la libertad de conciencia y religión, art. 29 de la Constitución Política de Nicaragua; art. 12 de la Convención Americana sobre derechos Humanos; y art. 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles», detalló el Cenidh.
