Este viernes, 20 de enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de «infundados» los delitos que la dictadura orteguista presentó en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien desde hace más de cinco meses permanece bajo «arresto domiciliar».
Un portavoz del gobierno de Joe Biden aseguró a la Voz de América (VOA), que los cargos presentados contra el líder religioso son una «clara violación a los derechos humanos y al Estado de derecho».
La administración estadounidense también subrayó que en los últimos meses el «régimen» de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha elevado la represión contra el pueblo de Nicaragua, debido a que ha encarcelado a sacerdotes y laicos; y ha forzado el cierre de estaciones de radios católicas.
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El pasado 10 de enero, monseñor Álvarez fue llevado a audiencia inicial y la jueza orteguista Gloria María Saavedra Corrales lo remitió a juicio y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario.
La justicia de Ortega acusa al obispo de Matagalpa de los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. La «víctima» es el Estado nicaragüense.
Recientemente, el abogado Yader Morazán reveló que el régimen usará a 16 testigos en el juicio político contra monseñor Álvarez, del cual no se conoce fecha de inicio.
Entre los testigos está la propagandista del régimen Elba Marina Rayo, quien trabaja en «Radio Insurrección» que opera dentro del Departamental del FSLN. «Desde donde se dirigió la represión de abril del 2018. Antes abrazaba a Mons. Álvarez, y ahora declarará en su contra», criticó el exfuncionario judicial.
Otra de las testigos es Gabriela Alejandra Rayo Castro, esposa del sobrino del «jefe de los paramilitares de Matagalpa, Lalo Soza. Toda la familia se jacta de sus “acciones” a favor del régimen criminal de los Ortega Murillo». Morazán publicó imágenes de la testigo donde posa al lado del alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, sancionado por Estados Unidos.
Ante esta situación, el Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos y miembros de la comunidad internacional han tomado medidas para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen orteguista.
«Pedimos la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez y todos los demás presos políticos que han detenido injustamente», agregó el Departamento de Estado.
La abogada, defensora de derechos humanos y autora del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», Martha Patricia Molina, ha documentado los ataques que ha sido víctima la Iglesia católica desde abril de 2018, que al cierre de 2022, ya suman 410 violaciones a la libertad religiosa en el país, cometidas por el régimen de Ortega y Murillo.