La justicia de Daniel Ortega enjuició a la familia del opositor Javier Álvarez, quien se encuentra en el exilio.
El juez de Managua Félix Ernesto Salmerón, declaró culpables de dos presuntos delitos a la esposa e hija de Álvarez, las ciudadanas franco nicaragüenses, Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Álvarez Horvilleur; así como a su yerno de nombre Félix Roiz Sotomayor.
Los rehenes fueron procesados a puertas cerradas en un lapso de dos días, acusados de presuntamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas en perjuicio del Estado. La Fiscalía pidió ocho años de cárcel para las mujeres y diez años, contra el yerno de Álvarez.
El régimen le continúa negando el derecho a la atención médica desde hace más de 500 días al preso político Jaime Arellano. Fuentes en condición de anonimato revelaron a Artículo 66 que al comentarista no le han practicado los exámenes necesarios para mantener controladas las enfermedades que padece.
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«Tiene problemas de equilibrio y para hablar, pero aún así no le permiten (practicarle) una tomografía ni ningún otro examen necesario. Además, se tiene que reportar de pie seis veces al día a pesar que le cuesta caminar. Se ha caído varías veces porque pierde el balance. Parece que le ha dado un derrame, pero sin exámenes no se puede confirmar. El preso político ha perdido más de 130 libras».
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) rechazó la invitación que hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a los mandatarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Séptima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará el 24 de enero en ese país.
Además, la organización presentó una denuncia contra los tres dictadores por violaciones a los derechos humanos ante la justicia de su país.
Los políticos suramericanos demandaron al presidente Fernández que «suspenda» la invitación enviada a Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en marcha su andamiaje judicial para inculpar a monseñor Rolando Álvarez por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
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El abogado Yader Morazán, experto en administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial, reveló que el régimen usará 16 testigos en el juicio político contra el obispo, del cual no se conoce fecha de inicio.
Según Morazán, una de las testigos es la propagandista del régimen Elba Marina Rayo quien trabaja en Radio Insurrección, la cual opera dentro del Departamental del partido de Gobierno, FSLN.
Es conocida por dirigir la represión de abril del 2018 y, antes de este juicio, hasta «abrazaba a monseñor Álvarez».
Otra de las testigos de la dictadura es Gabriela Alejandra Rayo Castro, esposa del sobrino del supuesto «jefe de los paramilitares de Matagalpa», conocido como Lalo Soza.
En la lista también aparece Emiliano Antonio Pérez Castro, hermano del excomisionado Marvin Pérez. Morazán afirma que el hombre tiene familiares laborando en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y «lleva años queriendo trabajar en el Estado».
El régimen buscó, además, a una trabajadora del Ministerio de Educación, un defensor público de Matagalpa y al sonidista de la Alcaldía matagalpina Nieves Hernández, que trabajó en una radio católica y era hasta conductor de sacerdotes.
Organismos de derechos humanos, que conforman la denominada «Coalición Nicaragua Lucha», exigieron a la comunidad internacional proteger a los migrantes nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica del país, y se encuentran con obstáculos en su tránsito y destino.
Las 17 asociaciones firmantes demandaron a países de tránsito, como Honduras, Guatemala y México, «cumplir sus deberes de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional a las personas migrantes, cuya vulnerabilidad se ha incrementado y complejizado» por restricciones de acceso.
Cuatro pescadores que se encontraban desaparecidos desde el pasado viernes tras salir a faenar desde las playas de Casares, en las costas de Diriamba, Carazo, fueron rescatados sanos frente a las costas de Corinto, tres días después.
Los pescadores relatan que al descomponerse el motor de la lancha y quemarse los chisperos, se vieron obligados a tirar el ancla, sin embargo, el mecate de fuerza se reventó, lo que causó que fácilmente las corrientes los arrastrara al fondo del mar.
Quienes los encontraron fueron sus compañeros de Masachapa.
Milton José Lanuza, de 34 años, uno de los cuatro pescadores rescatados, relató que les tocó tomar agua de hielo descongelado que llevaban en los termos de pesca y comer pescado crudo que lograron atrapar.
