El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) afirma que «sigue de cerca» la situación del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra siendo procesado bajo los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
«Estamos siguiendo con preocupación el proceso en contra de monseñor Álvarez y otros sacerdotes detenidos. Reiteramos que el “castigo ejemplar” que quieren dar y enviar al resto del clero, es persecución religiosa, una conducta prohibida por el derecho internacional», expresó el defensor y secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez.
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Monseñor Rolando Álvarez es una de las voces más críticas contra la dictadura de Ortega y Murillo, el binomio que controla los hilos del poder en Nicaragua, un país sumido en una crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos desde 2018.
El pasado 10 de enero el régimen sandinista llevó a monseñor Álvarez a los Juzgados de Managua a audiencia inicial, en la que admitió la acusación en su contra, mantuvo la prisión preventiva y lo remitió a juicio por los delitos antes mencionados. Se conoció que el régimen utilizará 16 testigos en contra del líder religioso.
Recientemente, Calidh también expresó su «profunda» preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua, porque consideran que el panorama en 2023 podría ser peor. El próximo 31 de enero, Calidh presentará la documentación de las violaciones a los derechos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Mientras lo elaboramos, nuestro equipo está profundamente preocupado por la velocidad con la que en el año pasado terminaron de erosionarse los derechos. 2023 será peor», advirtió Ramírez.
Para la entidad, la liberación de los presos políticos ha sido una de las principales denuncias, especialmente en 2022, cuando el régimen arreció la cacería incluso contra los familiares de opositores. Ramírez afirma que para este año las demandas se van a centrar en «libertad para los presos políticos, el cese a los ataques contra la Iglesia, restauración de derechos humanos y libertades, retorno de los exiliados, verdad y justicia para los asesinados por el gobierno de Nicaragua y reparación a sus familias».
