El Tribunal de Apelaciones de Managua declaró improcedente el recurso interpuesta por la familia de Martha del Socorro Ubilla al considerar su detención como ilegal. La mujer, de 60 años, es madre del preso político y del exrehén de la dictadura en el exilio, Marvin y Marlon Castellón Ubilla, respectivamente.
Según la certificación con número de asunto: 000026-ORM4-2023-CN, a la que tuvo acceso Artículo 66, Martha María López Ubilla, hija de nueva presa política, interpuso el 13 de enero un recurso de exhibición personal por detención ilegal en contra de su madre, secuestrada de su casa, la madrugada del 11 del mismo mes por agentes policiales.
Después tres días de interpuesto el recurso, el Tribunal Apelaciones lo rechazó, alegando a través de consulta de causas de la página web del Poder Judicial que Ubilla ya posee causa penal con número 000749-ORM4-2023-PN, radicada en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias de Managua.
«Esta sala considera que no existe vulneración de derechos y garantías constitucionales alegada, en virtud de estar ante autoridad judicial competente. Por lo anterior la Sala Penal Uno resuelve: declárese improcedente el recurso de exhibición personal (…) a favor de Martha del Socorro Ubilla», detalla el fallo de la secretaria de Apelaciones Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Nombran abogado defensor de confianza
El Sistema Nicarao sigue sin especificar los supuestos delitos por los que está siendo acusada Martha Ubilla y Thelma Vanegas, José Ricardo Muñoz y Javier Espinoza, este último conocido como el sonidista de las marchas desarrolladas en abril de 2018, quien ya a estuvo preso en el contexto de las protestas sociales.
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Tampoco detalla si ya se realizó la audiencia preliminar, mucho menos la inicial. Lo nuevo que se lee es que la familia de la señora Ubilla nombró a un abogado defensor de confianza, de quien se omite su nombre.
Por su parte, un defensor de derechos humanos explicó a este medio de comunicación que «no es nada nuevo que no aparezca la diligencia en los reportes virtuales del sistema, porque en casos de presos políticos no informan de forma detallada».
En cuanto a la acusación interpuesta por el fiscal de nombre Luis Carlos Mángalo Robleto —según el Poder Judicial— consta de nueve folios y cinco copias de ley.
Martha Ubilla y los otros tres opositores detenidos arbitrariamente, están recluidos en la estación del Distrito Tres de la Policía orteguista de Managua. Según fuentes, sus familiares no han podido verlos para constatar el estado en que se encuentran.
Calidh condena arresto arbitrario
Tras conocerse la detención arbitraria de Ubilla, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) condenó la nueva arremetida de la dictadura de Daniel Ortega.
«Instamos al Estado de Nicaragua a poner en libertad inmediata a la señora Ubilla y a todos los presos políticos adultos mayores», demandó la organización.
Agregó que esta nueva detención «es parte del patrón de censura y castigo contra las voces opositoras y disidentes respecto del actuar del gobierno de Nicaragua, y se busca el silenciamiento total de cualquier voz dentro del territorio».
También hizo hincapié en que la acción represiva del régimen de Ortega «busca desalentar la lucha pacífica, legítima y constitucional de las madres, padres y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos» .
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«El derecho a asociarse con fines legítimos está reconocido en la constitución del país y no constituye ningún delito, ni siquiera en el marco de las leyes que han sido especialmente aprobadas para castigar a las voces opositoras», afirmó Calidh.
El organismo se mostró preocupado por los padecimientos crónicos de Ubilla, y aun así «fue sustraída con violencia por parte de las fuerzas policiales».
«La finalidad humanitaria de la ley procesal penal debería ser observada por el Estado de Nicaragua: desestimar la acusación, reprender a quienes cometieron la sustracción ilegal y violenta y ordenar la inmediata liberación de la señora Ubilla. Todo deterioro de la salud de la señora Ubilla bajo la custodia del gobierno es responsabilidad del Estado de Nicaragua», advirtió.
El cuatro de octubre de 2022, Martha Ubilla y su familiares fueron beneficiados con medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pese a esto ahora se suma a la lista de más de 230 opositores secuestrados por el régimen de Nicaragua.
