La justicia al servicio del régimen de Nicaragua secuestró y acusó a Martha del Socorro Ubilla, de 60 años, madre del preso político y del exrehén de la dictadura en el exilio, Marvin y Marlon Castellón Ubilla, respectivamente.
La información fue corroborada la tarde del sábado, 14 de enero, por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El organismo detalló que la ciudadana fue detenida el 11 de enero, en horas de la madrugada.
El Colectivo constató en el Sistema Nicarao que la acusación fue interpuesta ante la ante la jueza orteguista Nalia Úbeda Obando. En el documento aún no se reflejan los motivos para encarcelar a Ubilla, sin embargo; se señala como víctima al «Estado de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense», misma imputación hecha a decenas de presos políticos.
En la acusación contra la madre del reo político Marvin Castellón Ubilla, la Fiscalía incluyó a la profesora Thelma Vanegas, José Ricardo Muñoz y Javier Espinoza, este último conocido como el sonidista de las marchas desarrolladas en abril de 2018, quien ya a estuvo preso en el contexto de las protestas sociales.
Artículo 66 supo que el 11 de enero, la casa de Espinoza habría sido allanada por efectivos policiales del régimen de Nicaragua, para luego llevárselo detenido, sin especificar los motivos de la detención.
Referente a las otras detenciones arbitrarias, fuentes refirieron que los familiares de los opositores han preferido mantenerse en silencio ante esta situación para evitar mayores represalias.
Martha Ubilla fue sacada con violencia de su casa
En cuanto a la detención de Martha Ubilla, el Colectivo indicó que «al ser detenida, agentes policiales informaron a los pobladores y familiares que sería llevada a una “entrevista, sin embargo, actualmente se encuentra procesada».
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Cabe señalar que antes de confirmarse la noticia de la detección, este medio de comunicación tuvo conocimiento que la Policía sacó con violencia a la señora Ubilla, sin ninguna orden judicial. Antes esta había sido sometida a un constante asedio.
Los defensores de derechos humanos hicieron hincapié que desde el 2018 la familia Castellón Ubilla «fue sometida a amenazas y hostigamientos constantes por haber participado en las protestas iniciadas en abril del mismo año».
Proceso ilegítimo
Para lo defensores de derechos humanos, el proceso penal en contra de Martha Ubilla es ilegítimo e ilegal, ya que señalan que fue detenida «en horas no habilitadas por el Código Procesal Penal».
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Además recalcan que la detención se ejecutó sin orden de detención, «sin la posibilidad de comunicarse con familiares o abogados/as, presentada ante autoridad judicial fuera de las 48 horas establecidas en el artículo 33 constitucional, pero, principalmente, por estar su detención enmarcada en una política de terror de Estado contra familiares de personas opositoras y presas políticas».
«El Colectivo rechaza esta injusta e inconstitucional acción penal, además hace responsable al Estado por cualquier afectación a la salud, integridad y vida de la señora Martha Ubilla, quien ha sido sometida por años a actos de tortura psicológica que le han afectado gravemente su salud. Exigimos su inmediata y plena libertad, así como a las más de 240 personas presas políticas», demandaron.
El cuatro de octubre de 2022, Martha Ubilla y su familiares fueron beneficiados con medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en esa ocasión otorgó estas medidas a 45 personas presas políticas, las que fueron solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos, sin embargo, estas han sido reiteradamente incumplidas por el Estado de Nicaragua.
