El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue enviado este martes a juicio para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
La jueza del décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, remitió la causa a juicio y mantuvo el arresto domiciliario contra el jerarca, el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 y que se encuentra detenido desde el 19 de agosto pasado.
A través de una declaración, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua explicó que este martes “se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso penal en donde compareció Rolando José Álvarez Lagos en su calidad de acusado” por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
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“La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar manteniendo el arresto domiciliario, asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio”, precisó la fuente sin dar una fecha de inicio del proceso.
En la misma causa se encuentra acusado por los mismos delitos el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, y la jueza mantuvo vigente el oficio a la Interpol para su captura, según el parte judicial.
PRIMER OBISPO ARRESTADO Y ACUSADO EN NICARAGUA
La audiencia inicial, celebrada en el Complejo Judicial de Managua y en la que presentaron al obispo sin su vestimenta religiosa, según las imágenes compartidas por el Poder Judicial, se realizó en medio de una jornada de oración promovida por grupos católicos de Nicaragua a través de las redes sociales.
El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote Vallejos por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
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Álvarez Lagos, de 56 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua.
Fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
AÑO CONVULSO PARA LA IGLESIA CATÓLICA
En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
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También ha llevado a prisión a siete sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años y medio.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
