El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a una comitiva de funcionarios de la dictadura a firmar el libro de condolencias por la muerte del papa emérito Benedicto XVI, mientras en el país persigue, exilia, encarcela y enjuicia a religiosos como sacerdotes, seminaristas, periodistas católicos y al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos.
Ortega y Murillo mantienen una persecución contra la Iglesia católica después que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) mediaran un fallido diálogo nacional en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018. El dictador acusó a la alta jerarquía de la Iglesia de dirigir un golpe de Estado en su contra.
La vicepresidenta ha lanzado virulentos discursos contra los religiosos y les ha dicho un rosario de epítetos peyorativos que sus adeptos y turbas digitales usan para atacar a los sacerdotes y obispos de Nicaragua.
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En esta misma tónica, en marzo del año pasado la dictadura ordenó la expulsión del nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislav Sommertag de Nicaragua, el representante del papa Francisco en el país centroamericano, acción que fue rechazada por la Santa Sede posteriormente.
Según la vocera gubernamental, la delegación estuvo encabezada por el canciller orteguista Denis Moncada Colindres; le acompañó la ministra de Educación, Lilliam Herrera Moreno; la ministra de La Familia, Johanna Flores; la viceministra de Relaciones Exteriores, Arlette Marenco; la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch y el director del Instituto de Cultura, Luis Morales Alonso.
La delegación se hizo presente en la Nunciatura Apostólica la mañana de este miércoles, cuatro de enero, para presentar ante monseñor Marcel Mbaye Diouf, secretario de la Nunciatura, el saludo de las autoridades nacionales y firmar el libro de condolencias.
Ataques contra religiosos católicos
La investigadora y abogada Martha Patria Molina documentó 140 ataques contra la Iglesia católica y sus miembros solo en 2022 y suman más de 400 desde abril de 2018, según las actualizaciones del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?». A juicio de la experta el año pasado fue «el más funesto» para la Iglesia al ser víctimas de la arremetida de la dictadura Ortega Murillo.
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«Los religiosos han sido víctimas de procesos penales injustos y no apegados a lo que mandatan las leyes, confiscaciones, secuestros, discursos de odio, impedimento a la libertad de movilización, cierre de Organizaciones Sin Fines de Lucro religiosas y de medios de comunicación religiosos», enumeró Molina.
También sufrieron deportaciones, exilios, expulsiones, profanaciones, robos, asedios, amenazas y prohibición a realizar procesiones fueron las agresiones más relevantes en contra de obispos, sacerdote, diáconos, religiosas y laicos.
«Desde 2018 la Iglesia Católica nicaragüense vive una persecución que atenta contra la libertad religiosa contemplada en los instrumentos de derechos humanos internacionales y de las propias leyes internas de país», recordó.
«El incremento de las agresiones se debe a que Iglesia católica nicaragüense continúa firme en su fe y principios, predicando el Evangelio que es en sí un anuncio y denuncia de las arbitrariedades de los poderosos en turno. La dictadura ha sido incesante y no da tregua a los prelados», añadió.
A inicios de diciembre del año pasado, Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosai, lo que conlleva posibles sanciones. La lista de organizaciones que violan la libertad religiosa la forman, entre otros, los grupos terroristas Al Shabab, Boko Haram y el Estado Islámico (EI), así como los talibanes, los hutíes del Yemen y los paramilitares rusos del Grupo Wagner.
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Los países incluidos en el listado están sujetos a posibles sanciones como la cancelación de intercambios científicos y culturales, la suspensión de la asistencia para el desarrollo, el bloqueo de préstamos o restricciones de exportaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió en un comunicado que su país «no se quedará de brazos cruzados» ante las persecuciones religiosas.