La abogada e investigadora Martha Patricia Molina afirma que este 2022, fue el «más funesto para la Iglesia Católica Nicaragüense» al recibir de parte de la dictadura de Daniel Ortega 140 ataques.
Entre las hostilidades más relevantes, la jurista destacó procesos penales « injustos» contra sacerdotes, los que no estuvieron apegados a lo que mandatan las leyes del país.
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A la arremetida de la dictadura en contra de obispos, sacerdote, diáconos, religiosas y laicos, Molina le sumó confiscaciones, secuestros, discursos de odio, impedimento a la libertad de movilización, cierre de Organizaciones Sin Fines de Lucro religiosas y de medios de comunicación religiosos, deportaciones, exilios, expulsiones, profanaciones, robos, asedios, amenazas y prohibición a realizar procesiones.
Además recordó que los años 2018 y 2019 se registraron 81 y 76 hostilidades respectivamente, cifras que cada año son batidas por el mismo régimen orteguista.
Para la investigadora, el incremento de las agresiones a Iglesia Católica nicaragüense, se debe a que la autoridad religiosa «continúa firme en su fe y principios, predicando el Evangelio que es en sí un anuncio y denuncia de las arbitrariedades de los poderosos en turno. La dictadura ha sido incesante y no da tregua a los prelados».
A finales de octubre de 2022, Martha Patricia Molina presentó la II entrega de Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, que registró 96 agresiones contra la Iglesia católica en cuatro años de represión y una actualización de fin de año donde reporta un total de 410 agresiones.
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La experta subrayó que desde 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua vive una persecución que atenta contra la libertad religiosa «contemplada en los instrumentos de derechos humanos internacionales y de las propias leyes internas del país».
Hasta la fecha, la dictadura de Nicaragua ha secuestrado a 12 sacerdotes, a los que acusa de delitos comunes o por «menoscabo a la integridad Nacional».
El último prelado en ser procesado fue monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, acusado por la Fiscalía de los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses.
El religioso está secuestrado desde el cuatro de agosto de este año. El régimen de Ortega y Murillo ordenó arresto domiciliar, sin embargo se desconoce dónde está recluido.
