El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró este miércoles que al menos 3.313 personas detenidas, de los más de 61.300 arrestos registrados bajo un régimen de excepción, fueron liberados como parte del “control” que la Fiscalía y jueces ejercen a las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Villatoro, quien negó que se estén dando detenciones “ilegales”, dijo en la entrevista televisiva Frente a Frente que son “3.313 personas las que han sido liberadas”, el 5,4 % del total de las capturas.
Dijo que estas liberaciones, de las que no detalló si se dieron por sobreseimiento de cargos, falta de pruebas o libertad condicional, se dieron “por el mismo control que ejerce la Fiscalía sobre la actuación policial”, por juzgados de menores de edad y “control judicial sobre las actuaciones fiscales y judiciales”.
“Estamos realizando todo el trabajo necesario para poder ir sacando a aquellos que estaban en el momento equivocado”, dijo Villatoro y aseguró que “no andamos haciendo capturas con atarraya (red de pesca) o todo al que parezca (pandillero) capturar”.
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La organización humanitaria Cristosal dio a conocer este miércoles que registró al cierre de 2022 a 3.211 casos de personas “vulneradas en sus derechos” en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, casi todos por detenciones arbitrarias.
El 97,5 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,2 % por allanamiento ilegal de morada y un 10,3 % por malos tratos, en los que “cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos”, indica el boletín de la organización.
Las autoridades atribuyen a estas medidas y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que 2021.
El Gobierno ha optado también por no contabilizar como homicidios las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban.
El 25 de octubre pasado, el Gobierno del presidente Nayib Bukele y el resto de órganos del Estado se negaron a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias de muertes de detenidos, supuestas torturas y detenciones arbitrarias.
