La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que los religiosos católicos que son presos políticos de la dictadura de Ortega y Murillo son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de Nicaragua. El régimen mantiene en prisión a una docena de sacerdotes, seminaristas y periodistas católicos, incluido el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos.
«El sistema de justicia de Nicaragua que se caracteriza por practicar la corrupción, el nepotismo, el trato inhumano y, por no actuar apegado a derecho sino a merced de lo que le ordena el Poder Ejecutivo, ha fabricado 15 procesos penales en contra de los miembros de la Iglesia católica nicaragüense como una forma de vengarse de los clérigos y apagar la voz profética del evangelio», dijo en entrevista con Artículo 66.
«A la dictadura no le basta vulnerar los derechos humanos de cada uno de ellos y está ejecutando tratos crueles, inhumanos y degradantes que también son un sello de las cárceles de Nicaragua», añadió.
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La experta en derechos humanos y temas de corrupción manifestó que cuando los religiosos son llevados a juicio «están poniéndoles grilletes en los pies y manos para trasladarlos de un lugar a otro y esto lo hacen para causarle el mayor daño posible y de esta manera mandar un claro mensaje al exterior de lo que podría pasarle a quienes ellos decidan procesar».
Molina considera que la dictadura Ortega Murillo se ha ensañado con los sacerdotes y religiosos porque no ha logrado «someterlos». Aseguró que «el sandinismo busca serviles que le adulen y que bendigan toda la maldad e ilegalidad que están cometiendo y los clérigos no están dispuestos a eso y lo que hacen es seguir denunciando las injusticias porque el evangelio en sí anuncia y denuncia».
«Procesos judiciales ilegales»
Agregó que los procesos judiciales contra los miembros de la Iglesia han estado plagados de irregularidades desde la manera en que fueron detenidos, lo que calificó como una «ilegalidad». Además, otras inconsistencias son los tiempos de investigación y juicios. «Ni siquiera las propias leyes inconstitucionales que ellos diseñaron en estos últimos meses la están cumpliendo», explicó.
«No se les permite la defensa técnica y se le impone a un títere defensor público que actuará lógicamente a favor del Estado agresor y no de la víctima que en este caso son los religiosos, aunque la dictadura los presente como imputados/delincuentes. Son procesos donde presentan testigos falsos y las pruebas sin mérito alguno. Y puedo asegurar que la sentencia de cada uno ya está elaborada», advirtió.
El régimen de Ortega y Murillo ha encarcelado a una docena de religiosos a quienes los ha acusado de delitos comunes y a otros por delitos de traición a la patria, como los cargos inventados contra los líderes de la oposición sentenciados a penas de entre ocho y trece años de cárcel.
