El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó una actualización sobre la situación de la «crisis política, social y de derechos» que atraviesa Nicaragua. Denuncia el agravamiento de la represión, en especial, contra los presos políticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«La situación de derechos humanos en Nicaragua no ha hecho más que intensificar su opresión, el número de presos políticos aumenta por expresar su opinión política o ser percibidos como críticos del gobierno. El número aumentó de 195 en septiembre a 225 presos políticos al día de hoy, 26 mujeres, 199 hombres. Sus condiciones de detención son precarias, los detenidos en El Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas de detención», destaca el informe.
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Señalan el deterioro en la salud que enfrentan los reos del régimen. Esos nuevos padecimientos los han desarrollado en cautiverio. En la cárcel, no se les permite «atención médica necesaria, una dieta equilibrada. Su salud mental no hace más que deteriorarse con cada día que transcurre alejados de sus familiares por largos periodos», refiere la ONU.
Los expertos de la ONU señalan que los arrestos de los presos políticos nicaragüenses violan ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es firmante.
Aseguran que no hay fundamento jurídico que justifique las detenciones; sus casos son ejemplos del uso de procedimientos penales para que personas críticas al gobierno actual, las personas detenidas tampoco fueron presentadas inmediatamente ante un juez, sometidas a prisión preventiva automática y estuvieron incomunicadas.
La organización internacional también se mostró preocupada por el cierre de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), consideran que estas acciones «dejan a las personan sin asistencia y cierras los espacios cívicos en Nicaragua».
Ante esto, reiteran que el régimen Ortega-Murillo se ha negado a cooperar con organismos internacionales en materia de derechos humanos, negándoles el ingreso al país para constatar la situación de los presos políticos ante las denuncias de «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».
