El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), con sede en Argentina, dedicó el Día Internacional de los Derechos Humanos a las personas presas políticas de Nicaragua presentando un informe sobre su situación ante distintos órganos en esta materia de la ONU y la CIDH, informó la organización este sábado, diez de diciembre.
«El informe fue elaborado por nuestro equipo con mucha preocupación por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, tratos crueles, inhumanas y degradantes infligidas contra las personas privadas de la libertad por motivos políticos relacionados con la crisis que vive Nicaragua desde el 2018», indicó Calidh en un comunicado.
El documento fue presentado a los miembros del Comité contra la Tortura y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, así como al comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Calidh, organización que este año demandó a Argentina investigar a funcionarios de la dictadura de Nicaragua, añadió que «observa con mucha intranquilidad cómo los efectos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes se extienden hacia los familiares y cercanos» de los presos políticos.
Ejemplificó que las autoridades policiales no le permiten a los detenidos la visita regular de familiares, amigos e hijos menores de edad, lo que va «en contra de todo estándar internacional y las leyes internas el gobierno de Nicaragua».
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En más de un año de encierro, los dirigentes gremiales cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», solo han sido visto doce veces por sus parientes, y la comunicación con sus hijos menores de edad apenas se ha permitido en una ocasión: el reciente 7 y 8 de diciembre.
A los defensores de derechos humanos de Calidh «les preocupa los efectos en el desarrollo físico y emocional de los niños y adolescentes hijos e hijas de las personas privadas de libertad, así como las personas adultas mayores en condiciones de riesgo que son sometidas a angustias intensas y sistemáticas al negárseles el derecho a visitar a sus familiares y a saber regularmente sobre ellos».
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Los integrantes de Calidh también dejaron documentado que el régimen de Nicaragua no proporcionó información de la situación de los presos políticos, sin embargo, los defensores determinaron que los privados por motivos políticos «reciben un tratamiento contrario a la dignidad humana».
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, en el país hay alrededor de 235 personas privadas de su libertad por motivos políticos, la mayoría (225) detenidos tras las protestas sociales iniciadas en abril de 2018. Hasta el 30 de noviembre de este año se contabilizaban 209 varones y 26 mujeres encarcelados.
