La sancionada jueza Karen Vanessa Chavarría, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, estará a cargo del proceso penal en contra de monseñor Rolando Álvarez. Defensores denuncian que la imposición de la funcionaria evidencia un proceso «viciado, arbitrario e inconstitucional» en contra del jerarca católico.
Según el expediente número 026463-ORM4-2022-PN del caso contra el líder religioso, refleja que la acusación fue radicada en el juzgado que tiene como titular a Chavarría. «Lamentablemente sé lo déspota e inquisidora que es. Era de esperarse que estaría detrás de la aceptación de la acusación de monseñor Rolando Álvarez», refiere la abogada defensora Yonarqui Martínez.
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La dictadura Ortega-Murillo llevó a los juzgados de Managua al líder religioso el 13 de diciembre. Luego, divulgó una fotografía. Lo acusa de los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
«Tener retenida a una persona sin justificación por meses sin ninguna justificación y ninguna acusación, es un proceso a todas luces amañado, un procedimiento lleno de irregularidades, lleno de violaciones al derecho y al proceso penal. Evidentemente al ser un preso político sus garantías han sido cercenadas. Con esta acusación de monseñor claro está que no hay ningún resultado y ningún fruto positivo del supuesto diálogo», expresó Yonarqui Martínez en entrevista con Artículo 66.
«Prácticamente la juez en el caso de monseñor ha sido una ficha que desde el 2018 hasta acá ha estado declarando resoluciones en contra de opositores, yo la recuerdo perfectamente porque me enfrenté a ella en procesos de ciudadanos reos de consciencia que fueron procesados bajo su judicatura», añade.
Chavarría ha sido la encargada de sentenciar a Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Además, de haber procesado a rehenes de conciencia como Ana Margarita Vijil, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores.
A partir de 2018, la funcionaria tomó un papel más relevante dentro de las filas del Poder Judicial de Nicaragua. Antes se desempeñaba como jueza del octavo penal de audiencia, pero en julio de 2018 sustituyó a la jueza Indiana Gallardo, que fue despedida por la Corte Suprema de Justicia por permitir el ingreso de familiares de tres jóvenes de Matagalpa que habían sido capturados durante las protestas.
Su simpatía con el régimen de Daniel Ortega ha quedado en evidencia mediante fotografías donde se ha observado portando la bandera rojinegra y alzando la bandera del partido de turno en sus manifestaciones.
A través de sus medios de propaganda, el régimen orteguista anunció —por medio de un comunicado del Complejo Judicial Central de Managua— que el líder religioso estará en arresto domiciliario y programó la audiencia inicial para el 10 de enero de 2023.
