El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió un escueto mensaje de solidaridad a la vicepresidente de Argentina Cristina Fernández, condenada el seis de diciembre a 6 años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
«A Usted, con admiración, respeto y cariño, en estos momentos duros, cuando su valentía y la de su pueblo se muestran una vez más, desafiantes y capaces de trascender las miserias, y de crecer, todavía más, en la dimensión histórica que los ha hecho, y hace grandes», expresó la administración orteguista sin reprochar la condena contra la vicemandataria.
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Al mejor estilo de la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, el gobierno de Nicaragua manifestó su «solidaridad en todas las luchas y en el siempre más allá, indoblegable, lúcido, de formidable y profunda espiritualidad».
En la breve comunicación con fecha del siete de diciembre, la dictadura nicaragüense le afirmó a la presa Cristina Fernández que «seguimos venciendo, cuente usted con nosotros».
Las muestras de solidaridad y hermanamiento de Ortega y Murillo para con Fernández se suma a otras como las enviadas tras el atentado que habría sufrido la exmandataria en septiembre de este 2022.
Fernández, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
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En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Por su parte, Cristina Fernández aseguró que la condena impuesta en su contra tiene su origen en una «mafia judicial paraestatal» y reiteró su inocencia en este proceso por irregularidades en la concesión de obras viales.
