«El Estado de Nicaragua debe considerar (realizar) nuevas elecciones generales», ese mensaje lo envió Vasilka Sancin, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien expuso este miércoles el informe periódico presentado por la entidad internacional sobre la situación de Nicaragua,
Sancin participó en una conferencia desde San José, Costa Rica, en la que además estuvieron representantes nicaragüenses de entidades de derechos humanos. La delegada de la ONU insistió al régimen de Nicaragua en la importancia de garantizar «el derecho al voto y la presencia de observación internacional» en caso de escuchar la recomendación de convocar a elecciones.
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Ortega se recetó cinco años más en el poder en las votaciones de noviembre de 2021 junto a Rosario Murillo. Su esposa repite por segundo periodo consecutivo como la segunda al mando.
La funcionaria además pidió la liberación inmediata de las personas presas políticas, tanto las que fueron encarceladas durante la crisis sociopolítica como las detenidas previo a los comicios generales.
Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica, recordó que Nicaragua se encuentra «ante un Estado que en lugar de garantizar y cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el contrario; bajo sus propias normas ha instrumentalizado el ordenamiento jurídico nacional y otras normas para violar los derechos de la ciudadanía en general y garantizar la represión y criminalización de quienes le adversan o se atreven a disentir de la voluntad política partidaria».
En esa misma línea, Sancin en su intervención demandó garantizar el pluralismo político y la independencia de los organismos electorales. Las defensoras remarcaron la Violencia contra las mujeres y niñas en Nicaragua, el aumento de los femicidios, la desprotección y el aumento de la desigualdad.
Las políticas represivas, resaltaron, quedan demostradas con las torturas, aislamiento e incomunicación a la que someten a las presas política de Ortega, en particular, a las que tienen encerradas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote».
Por su parte, Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, demandó, retomando el informe de la ONU -el cual ha sido ignorado por la dictadura orteguista-; una «investigación sobre los violentos crímenes a pueblos indígenas, las muertes de ciudadanos en las cárceles y cesar la persecución contra periodistas»
Las tres ponentes recalcaron el deterioro de las instituciones en Nicaragua, las condiciones infrahumanas a las que someten a los reos de conciencia y las limitaciones impuestas a la defensa, a quienes les ponen trabas a su labor y además los persiguen.
Igualmente, condenaron el destierro y la imposición de país por cárcel para decenas de nicaragüenses. «Es una política migratoria dirigida al control de los ciudadanos, hay restricción a la libertad de movilización, impidiendo su salida del país, despojando a los ciudadanos nicaragüenses de sus pasaportes o desterrándoles o impidiendo su retorno a Nicaragua», dijo Salazar.
Sancin hizo un llamado al Estado a «considerar cooperar con la ONU» para trabajar en diferentes áreas de los derechos humanos y continuar las relaciones que faciliten la cooperación económica, seguridad y con la comunidad internacional.
