Presas políticas de Nicaragua presentan problemas salud y emocionales, tras el cautiverio que viven tanto las que están en el Sistema penitenciario de Mujeres «La Esperanza», en el penal de Granada, y en «El Nuevo Chipote», en Managua.
Los problemas que presentan las rehenes de conciencia fueron señalados en el informe del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) respecto del Cuarto Informe Periódico de Nicaragua y en el marco del 136° Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Onu).
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Calidh se mostró preocupado por la situación de rehenes de conciencia Tamara Dávila, Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, María Oviedo, Samantha Jirón, María Esperanza Sánchez, Nidia Barbosa y Evelin Pinto.
Entre las preocupaciones que señala el Centro está el de la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo, presa desde el 26 de julio de 2021. El informe detalla que Oviedo padece desde que era una niña de una enfermedad autoinmune tiroideo (Bocio), que requiere medicación diaria (Eutirox 100), sin embargo no recibe adecuada atención médica, más bien es sometida a tratos inhumanos, mala alimentación y torturas psicológicas.
Según Calidh, los agentes policiales del régimen le dicen a Oviedo que no volverá a ver a sus hijos, «por lo que el estrés de estar presa le ha causado mucha pérdida de peso y enfermedades de la piel», mismas que se pudieron ver al momento que la abogada fue exhibida en los juzgados de Managua, para una «audiencia informativa».
Violaciones a los derechos humanos
Por otra parte, el Centro de Asistencia Legal denunció que a la joven activista estudiantil Samantha Jirón no se le permite salir al patio de la cárcel del penal de mujeres «La Esperanza» en Tipitapa, ni puede tener acceso a escuchar noticias.
Remarcan que la salud de la opositora, originaria de Masaya, se ha deteriorado, presentando así episodios de estrés, problemas gástricos e hipertensión. Jirón detenida desde de diciembre de 2021 —ayer jueves cumplió un año en prisión— fue sentenciada ocho años de cárcel.
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En cuanto a la rehén de conciencia María Esperanza Sánchez, señalan que presenta varias condiciones de salud «que la ponen en riesgo de tener complicaciones en caso de un posible contagio de Covid-19.
Además del cautiverio que sufre desde el 26 de enero de 2020 que fue secuestrada, el informe de Calidh manifestó que la activista política es objeto de amenazas e insultos por parte del personal del sistema penitenciario de mujeres. «Se le ha negado el acceso a medicinas para sus enfermedades crónicas, así como el acceso a vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección frente a la pandemia», añade.
«Venganza contra dirigentes de Unamos y Unab»
En el informe de Calidh, dirigido al Comité de Derechos Humanos de la Onu, denunció el «patrón de venganza y censura» del gobierno de Nicaragua contra la actual presidenta y dos expresidentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos). «Las autoridades nicaragüenses han sido especialmente agresivas con estas lideresas políticas».
La primera en ser mencionada por el Centro es la opositora Suyén Barahona, actual presidenta de Unamos, quien lleva 443 días sin ver a su hijo. También mencionan a Ana Margarita Vijil, expresidenta del mismo partido y la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, esta última —según Calidh— tiene serios problemas de salud «que no poseía antes de la detención» y ha perdido más de 16 libras.
Otra opositora que ha sufrido violaciones a sus derechos como parte del patrón de censura y castigo gubernamental, es la activista feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco Tamara Dávila. El organismo denuncia que «se encuentra aislada en una celda cerrada con barrotes, incomunicada con su hija de seis años. También presenta problemas médicos y no ha recibido atención médica adecuada».
La situación de la presa política Violeta Granera también ha sido de preocupación para Calidh, ya que esta ha presentado complicaciones odontológicas y enfermedades crónicas sin recibir atención médica adecuada.
Ante estos atropellos a la integridad de las opositora secuestradas, Calidh pidió al Comité de Derechos Humanos de la Onu solicitar al régimen de Nicaragua la liberación inmediata de las presas políticas, porque aducen que estas fueron detenidas «como parte del plan de censura y castigo por ser voces disidentes del actuar estatal antes y durante la actual crisis social».
