Jhoswell Martínez, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, informó que recurrirá por inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que reforma los trámites migratorios para los solicitantes de refugio en Costa Rica. El defensor de derechos humanos valora que la decisión del presidente Rodrigo Chaves vulnera algunos derechos de la población migrante en el vecino país del sur.
El primer decreto se trata de una modificación al reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales, en el cual establecen que no se otorgarán a las personas solicitantes de forma inmediata, «sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente».
«Es algo que preocupa, porque acá en Costa Rica pese a tener empleo, muchas personas están en una situación de esclavitud moderna, lo cual se traduce en personas que no tienen el suficiente salario para sobrevivir. Apenas les llega para costear la casa, para comprar la comida. Y este acondicionamiento, para un permiso laboral o la renovación del mismo, tiende a profundizar una crisis económica de las personas migrantes solicitantes de refugio y dejarlos en una situación de pobreza aún más grave, si ya tuvieren una situación de pobreza», refirió Martínez en el podcast AHORA de Artículo 66.
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El defensor de derechos humanos asegura que esta reforma al reglamento del permiso laboral «preocupa mucho» porque restringe todavía más la posibilidad de acceder a un trabajo y que prácticamente viola los derechos laborales. Además, limita y vulnera sus ingresos, el derecho a poder comer y a tener un techo.
Martínez explicó que establecer un plazo de 30 días naturales para presentar la solicitud de refugio podría afectar negativamente a las personas que han llegado al campo y no tienen la información necesaria sobre este proceso para regularizar su situación migratoria.
Además, considera que esta medida también podría eliminar el negocio de la venta de citas y las estafas de las que son víctimas los migrantes por personas inescrupulosas. Valoró que esto también podría saturar el sistema de solicitud de citas.
La privación de salida del país -explicó- es una normativa para evitar tener más refugiados que viajen y en caso que viajen se les cancele su trámite y no puedan viajar. Afirmó que esta reforma vulneraría, en cierta medida, el derecho a la libertad de expresión y de movilidad.
«Esto vulnera su derecho a la libre movilización y el derecho a la defensa ante el Tribunal Administrativo Migratorio. Las personas que son solicitantes de refugio son víctimas de violación a los derechos humanos y neceistan viajar en algunos casos como las Madres de Abril, los familiares de presos políticos, los excarcelados y activistas necesitan viajar a denunciar la vulneración de sus derechos humanos», dijo.
«Nosotros como organización de derechos humanos vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de este decreto del Ejecutivo costarricense, en el que se hace reforma en el reglamento de la persona refugiada», concluyó.
Uno de los decretos establece que la petición de Categoría Especial Temporal «ha sufrido un uso abusivo de la figura que afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio “hay quienes verdaderamente son meritorias de la protección internacional y que deben esperar por meses e incluso años para contar con una resolución sobre su estatus de persona refugiada».
La Dirección General de Migración y Extranjería ha recibido 222.056 solicitudes de refugio desde el 2018, de ellas 172.689 se encuentran aún pendientes de resolver; igualmente, la institución ha detectado que entre un 80 % a un 90 % de las personas que solicitan refugio no califican dentro de la definición de esta protección internacional, incluyendo migrantes económicos o que llevan años viviendo en el país y nunca se han regularizado. La mayoría de estas solicitudes son personas nicaragüenses que han huido del país para salvar sus vidas o escapar de la crisis económica.
