El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), mediante su informe sobre la situación de Nicaragua que expone los «crímenes de lesa humanidad», denuncia que las violaciones a los derechos de las mujeres trans que el régimen de Ortega-Murillo ha sometido a prisión por razones políticas, constituyen «discriminación de género».
«Conocer el número de mujeres trans presas políticas o de conciencia es urgente, pues la violencia por razones de género no se manifiesta de igual manera contra mujeres cisgénero que contra mujeres trans. Entonces, al desconocer la estadística de mujeres trans presas políticas, se las invisibiliza y con ello la dimensión de las violencias que sufren. En este marco, es primordial que el Estado elabore y publique un registro que no parta del binarismo de género, sino que aplique un enfoque diferenciado», refiere el documento que recoge y denuncia los actos de la dictadura en contra de opositores, ante órganos internacionales y la justicia federal argentina en la causa de lesa humanidad.
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La organización destaca los casos de las excarceladas políticas Celia Cruz, Kisha López y Victoria Obando, casos que «agrupan testimonios de sobrevivientes; sin embargo, ese no fue el destino de Sexy Carolina, jefa del tranque de Diriamba. Secuestrada el 9 de julio de 2018. Durante su encierro, la torturaron, obligaron a dormir en ropa interior y golpearon en las cárceles de La Modelo y El Chipote. Producto de los actos de tortura que padeció, perdió tres dientes y se le desprendió la retina. Condenada a 13 años de prisión por los delitos de tranquera, terrorista y haber participado en la quema de las oficinas de la policía de Diriamba, situación que la dejó traumatizada y le impidió luchar contra una leucemia en etapa IV. Murió el 22 de abril del 2020», lamenta Calidh.
Recuerdan los casos de las opositoras trans que en 2018 fueron víctimas de violencia y tortura, tanto de agentes policiales como de simpatizantes sandinistas, todas denunciaron haber sido encerradas en cárceles para hombres donde fueron «humilladas, las desnudaban para exhibirlas, les intentaron cortar el cabello y las amenazaban con violarlas».
Ante esto, rechazan que el régimen no implementara un programa integral para las mujeres trans luego de ser liberadas bajo la Ley de amnistía en 2019. Aseguran que la vigilancia, el hostigamiento, la criminalización y el exilio forzado de varias de las mujeres trans expresas políticas da cuenta del nulo esfuerzo del Estado por reconocer que ellas deben ser reparadas integralmente.
La organización solicita a los organismos internacionales «que insten al Estado a: que publique y detalle el número actual de mujeres trans presas políticas; que adopte medidas urgentes para que las mujeres trans presas políticas no estén expuestas a violaciones de derechos humanos».
«En el caso de las mujeres trans excarceladas cese el hostigamiento, vigilancia y criminalización que atraviesan y que adopte prontamente un plan integral de reparación por las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas durante su encierro», demanda el organismo internacional.
