Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; junto al empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera cumplen 540 días de encierro impuesto por el régimen Ortega-Murillo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.
Sus familiares han denunciado los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos los cuatro opositores que fueron detenidos en el contexto de las elecciones generales de Nicaragua. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Adán Aguerri, se encontraba bajo régimen de «casa por cárcel» por problemas de salud, pero fue regresado a las celdas de El Nuevo Chipote el pasado 10 de noviembre.
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El ocho de junio de 2021, la dictadura orientó los «secuestros», a solo cuatro meses de sus ilegítimas elecciones. Los cuatro opositores fueron condenados por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional».
A mediados de agosto de este año, Aguerri fue enviado a casa, mientras que Maradiaga, Chamorro y Granera fueron presentados ante los medios de propaganda de la dictadura a finales de agosto e inicios de septiembre, se les notó la pérdida de peso y los estragos que ha causado más de un año de encierro forzado.
En marzo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) informó que Aguerri, integrante de esa organización, presenta hongos en su espalda y pecho; pérdida parcial de la visión en su ojo izquierdo, otitis —infección del oído— y migraña. A José Adán Aguerri la justicia nicaragüense lo acusó de supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, lo condenó a 13 años de prisión.
La justicia orteguista impuso sentencias de 13 años contra Chamorro y Maradiaga, mientras que Granera fue condenada a ocho años. Los rehenes de conciencia enfrentaron siete audiencias que, según sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades». Durante el juicio, a Chamorro y Maradiaga «se les impidió hablar en cualquier momento de su juicio; solo se les permitió indicar «sí» o «no» con la cabeza e incluso fueron castigados por hacerlo con demasiado entusiasmo.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos en contra siete presos políticos, incluidos Maradiaga, Chamorro, Granera y Aguerri. La única prueba que se les imputaba era su participación a un grupo de WhatsApp y unas entrevistas de televisión. También presentaron la supuesta evidencia material, incluyendo objetos que fueron obtenidos durante los allanamientos ilegales a las casas de los presos.
Actualmente, Granera, de 70 años, presenta problemas de salud. Sus familiares denuncian falta de atención médica. La presa política ha presentado crisis de presión alta; padece problemas cardiacos y su cuerpo tiene manchas blancas y rojas.
