La violencia hacia las mujeres en Nicaragua se encuentra en riesgo de aumento, a menos que las autoridades ejecuten una estrategia de prevención integral, valoraron este viernes dos ONG defensoras de los derechos humanos, durante la presentación de un informe en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, junto con la internacional Raza e Igualdad, indicaron en San José, Costa Rica, que en los últimos 12 años se han registrado al menos 846 feminicidios en el país centroamericano, a pesar de la instauración de la cadena perpetua y la distribución de una cartilla para que las mujeres sepan cómo actuar ante una amenaza o caso de violencia machista.
“Urge en Nicaragua que el Estado adopte medidas para prevenir y atender estos hechos y no se siga reproduciendo la violencia, nos vamos a convertir en un país más violento y afectar todavía más el ejercicio de las mujeres en la búsqueda de la igualdad de derechos y mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida”, dijo la abogada del colectivo Wendy Flores, en rueda de prensa telemática.
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Según Flores, las Comisarías de la Mujer han sido vueltas a instalar, pero son insuficientes porque “se requiere de un equipo interdisciplinario con psicólogas, abogadas, investigadoras, peritas, todo para documentar y acompañar de manera integral a una sobreviviente”.
Además, señaló que las autoridades de Nicaragua solo reconocen los feminicidios cuando hay una relación de pareja, lo cual deja por fuera las muertes que ocurren en el ámbito público, supuestamente para evitar que las cifras se eleven y evadir la responsabilidad estatal.
La abogada anotó que en Nicaragua “las autoridades han sido utilizadas para la represión y no para responder” y de “tratar a las ONG, a los defensores de derechos humanos, como enemigos y traidores a la patria, no como ciudadanos que demandamos respuesta las problemáticas sociales de nuestro país””.
POLÍTICAS SIN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
La representante de Raza e Igualdad Eilyn Cruz agregó que el hecho de que 103 ONG feministas y 177 de defensa de los derechos de las mujeres hayan sido canceladas desde 2018 en Nicaragua contribuye a agravar a la violencia de género.
“Si estamos cancelando las organizaciones de mujeres no tiene sentido, porque las políticas del Estado no van solas, deben ir acompañadas de la sociedad, y la sociedad somos todas”, sostuvo.
A lo anterior, las organizaciones sumaron la situación en la que quedan los hijos de las víctimas, que, según advirtieron, a menudo quedan huérfanas, ya que el agresor solía ser su padre o tutor, quien termina prófugo, preso, o decide quitarse la vida.
La situación de violencia se extiende, según las ONG, porque son infantes o adolescentes que crecen sin recibir atención psicológica, sin recibir justicia, y en un ambiente sin las condiciones económicas necesarias para que superen el impacto de perder a sus madres.
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En este caso, las organizaciones insistieron en que el Estado debe asistir económicamente a los tutores de los hijos de las víctimas, que generalmente son sus abuelos, a menudo de la tercera edad, sin condiciones para trabajar.
En el caso de la justicia, Cruz indicó que la misma es incompleta si los autores de feminicidios forman parte de miles de delincuentes que son sacados de la cárcel cada año en fechas especiales, por disposición del Ejecutivo.
Según la ONG Católicas de Nicaragua por el Derecho a Decidir, 57 mujeres nicaragüenses han muerto en este y otros países como producto de la violencia machista en lo que va de 2022.
