Al menos 62 opositores nicaragüenses fueron detenidos en el marco de las elecciones municipales celebrados el pasado día 6, de los cuales 41 permanecen en prisión, denunciaron el viernes organismos defensores de los derechos humanos que demandaron el cese de la represión contra la ciudadanía.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la ola represiva policial y parapolicial contra la población de la Costa Caribe que reclama irregularidades en los resultados de las elecciones municipales del pasado seis de noviembre.
La organización señaló que en la región se ha agredido y perseguido a decenas de personas, principalmente jóvenes indígenas y afrodescendientes. También denunció las detenciones arbitrarias y criminalización de opositores; en particular, los arrestos de Mildred Rayo, Miguel Flores y Karla Vega, así como el de decenas de ciudadanos que prefieren mantener su caso en privado por temor a represalias.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que las recientes votaciones municipales en Nicaragua fueron antidemocráticas y ha consolidado la tendencia vista desde 2012 cuando el régimen inició el control progresivo de las administraciones locales.
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La Policía se tomó este viernes las instalaciones de la emisora Radio Mi Voz, ubicada en la ciudad de León, aseguró la organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua.
A través de sus redes sociales, la organización indicó que fuentes cercanas al medio de comunicación detallaron que, mientras transmitían los noticieros «En Primicias» y «En Titulares», antimotines y policías ingresaron por la fuerza al lugar.
La emisora que se transmitía en la frecuencia 96.9 FM salió del aire tras la irrupción. El medio es dirigido por el periodista Álvaro Montalván que ha sido blanco de persecución desde 2018 por parte del régimen Ortega-Murillo.
En un informe titulado «Crisis en Nicaragua: Elecciones municipales y violación de derechos civiles y políticos», el organismo detalla las irregularidades que se efectuaron antes, durante y después de la jornada electoral.
En el mismo resalta que, al igual que las elecciones presidenciales de 2021, las municipales no fueron «libres, ni justas, ni transparentes y sin legitimidad democrática».
Crece la preocupación por la salud del periodista deportivo y preso político Miguel Mendoza, quien ya cumplió dos meses en huelga de hambre, según sospechan sus familiares.
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El periodista lleva 514 días en prisión y casi tres meses sin ser visto. Su esposa, Margin Pozo, señala que «las veces que le han preguntado por Miguel a los oficiales que reciben el agua, estos expresan que no están autorizados para dar información, lo que resulta desesperante para la familia».
Mendoza padece de diversas enfermedades y, desde su encierro en 2021, ha perdido más de 30 libras de peso, no ha tenido acceso a atención médica privada ni le permiten ver a hija de ocho años.
El diputado al Parlamento Europeo por el Partido Popular (PP) Pablo Arias se sumó a la campaña «Rompiendo cadenas, apadrina a un preso político» del Instituto Casla. En su caso, decidió representar al preso político nicaragüense y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cautivo por más de 500 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua.
El exguerrillero sandinista Moisés Hassan, quien fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en la década de los 80 junto al dictador Daniel Ortega, divisa inconformidades dentro de las filas del régimen.
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La reciente renuncia de la contralora sandinista Marisol Castillo es para Hassan una muestra de la debilidad a lo interno del partido gobernante.
Hassan dijo al respecto que la situación de Marisol Castillo demuestra que hay un «descontento interno» en las filas del régimen, por lo que, Ortega sigue cometiendo torpeza tras torpeza «para mostrar fortaleza»:
Moisés Hassan, quien es también excuñado de Rosario Murillo, se refirió a su vez a la situación de los presos políticos. Para él, Ortega tendrá que buscar una solución a mediano plazo.
