El Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó la ola represiva policial y parapolicial contra la población de la Costa Caribe del país, desatada por las protestas sociales donde denuncian fraude electoral en las votaciones municipales del seis de noviembre de 2022.
«Exigimos al Estado de Nicaragua cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición», dijo la organización de derechos humanos con sede en Costa Rica.
Noticia relacionada: Denuncian la «violencia estatal y sistemática» en contra de Yatama
Asimismo, demandó la inmediata libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua. «El Colectivo (…) repudia la represión policial y parapolicial en la Costa Caribe en donde se ha agredido y perseguido a decenas de personas, principalmente jóvenes indígenas y afrodescendientes».
También señaló que el contexto de la sistemática represión y graves violaciones a los derechos humanos «continúan las detenciones arbitrarias y criminalización de diversas expresiones de ciudadanía que demanda libertad, verdad, justicia y democracia».
En vídeos publicados por Urnas Abiertas se observan a agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) tirar bombas lacrimógenas a los ciudadanos para replegarlos, mientras la Policía se movilizaba en motocicletas, esto en el marco del aniversario de la organización política en Bilwi.
Detenciones arbitrarias contra jóvenes
En referencia a las detenciones arbitrarias contra jóvenes opositores, el Colectivo hizo énfasis en la reciente detención por parte del Ejército de Nicaragua en contra de los jóvenes miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) Mildred Giselle Rayo Ramírez y Miguel Alejandro Flores Matus, acusados por la justicia orteguista de menoscabo a la integridad nacional.
Otro caso que señalaron los defensores de derechos humanos es el de la opositora Karla Patricia Vega, secuestrada en El Rosario, Carazo; por policías el pasado 5 de noviembre. Se le acusa por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y “propagación de noticias falsas».
«Cabe destacar que hay decenas de personas privadas de libertad, cuyos nombres no se conocen debido al temor fundado de sus familiares, contra quienes también se realizan amenazas, detenciones y tortura», remarcó el Colectivo.
La organización reitera a la dictadura de Ortega cesar la represión contra la ciudadanía y permitir las vistas a los presos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», quienes cumplen 84 días incomunicados.
