Denuncian la «violencia estatal y sistemática» en contra de Yatama

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) rechaza la «violencia» orientada por el régimen de Daniel Ortega en contra de militantes del partido Yatama y pobladores de la ciudad de Bilwi, en el Caribe Norte de Nicaragua, luego de que denunciaran la «farsa electoral» municipal del pasado seis de noviembre.

«Rechazamos la violencia estatal y la censura en contra de los simpatizantes del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) que están alzando su voz en contra del fraude electoral en diversas regiones. Nicaragua debe recordar que aún tiene obligaciones pendientes por cumplir en el caso Yatama resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Impedir que los miembros del partido manifiesten su descontento ante el abierto fraude en las recientes elecciones municipales, es una doble violación», expresó el organismo defensor argentino.

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Denuncian que el régimen Ortega-Murillo está violando «el derecho a la manifestación y el deber de garantizar a progresivamente que los miembros de pueblos y comunidades indígenas puedan participar libremente en la gestión pública a través del acceso a cargos de elección popular».

En videos publicados por Urnas Abiertas se observan a agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), o antimotines, tirar bombas lacrimógenas a los ciudadanos para replegarlos, mientras la Policía se movilizaba en motocicletas, esto en el marco del aniversario de la organización política en Bilwi.

Urnas Abiertas también denunció la militarización del municipio de Waspán, cuando las autoridades y militantes de Yatama se disponían a hacer un «reclamo» por el despojo de algunas alcaldías, en las que, según ese partido, ganaron.

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«La celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y observadas es un derecho humano de todos los miembros de pueblos y comunidades indígenas. El aplastamiento de los reclamos de Yatama a través de violencia evidencia la profundización del autoritarismo del gobierno de Ortega y Murillo y la demolición absoluta de cualquier posibilidad de respeto de la voluntad popular», añade el comunicado de la organización defensora de derechos humanos.

«Calidh observa con preocupación que este episodio se suma a una ola de violencia sistemática contra los comunitarios miskitos de esta región en la que desde hace varios años se perpetran desapariciones forzadas, asesinatos, agresiones sexuales, lesiones graves y desplazamientos forzados», finaliza el documento.