El régimen de Nicaragua habría impedido la entrada al país de otro sacerdote católico sin ninguna justificación.
El medio de comunicación de Matagalpa Mosaico CSI afirmó que el fray matagalpino Juan Carlos Treminio Vallejos fue imposibilitado de regresar de su viaje en Guatemala, donde participó en una reunión de la Comisión de Formación Permanente de la Provincia Franciscana «Nuestra Señora de Guadalupe» de Centroamérica y Panamá.
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El religioso fue únicamente informado por la empresa de transporte terrestre que se le había negado el ingreso.
Treminio pertenece a la Orden de Frailes Menores en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la Colonia Centroamérica de Managua y es presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Nicaragua.
Es originario del municipio de Darío, departamento de Matagalpa, y cumplió 17 años de ordenación sacerdotal.
Con él, ya son al menos tres frailes a los que el régimen les impide ingresar este año, en un contexto de persecución a la Iglesia católica.
La investigadora Martha Patricia Molina indica que, desde la crisis sociopolítica de 2018 a la fecha, se han registrado al menos 396 hostilidades contra la Iglesia católica, principalmente contra religiosos y templos.
La abogada presentó este miércoles la segunda entrega del informe titulado «Nicaragua ¿Una Iglesia perseguida?», en el que confirma el incremento de las agresiones a miembros de la Iglesia y organizaciones humanitarias católicas. Del total de ataques, 127 se han reportado este año.
Los datos compartidos se basan en información publicada en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, así como en denuncias hechas por las parroquias y diócesis del país.
El precio de la canasta básica superó los 18 mil 600 córdobas en octubre, lo que significa que los nicaragüenses deben desembolsar más de 500 dólares al mes para adquirir los 53 productos que la conforman.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), la canasta familiar subió 655 córdobas el mes pasado, siendo el peor en cuanto al incremento de precios.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que su país está «tomando medidas» para evitar que los migrantes económicos sigan usando el régimen de refugiados políticos para llegar a trabajar e instalarse en la nación centroamericana.
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El mandatario costarricense aseguró que enviaron una comunicación a la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para «advertirle» de la situación, de la falta de recursos para atender la ola migratoria y que toda la carga ha recaído sobre el Gobierno y sus instituciones.
La mayoría de esas solicitudes corresponden a nicaragüenses que han huido del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algunos por razones políticas y otros por la grave crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que arrastra Managua desde hace cuatro años.
La diputada federal de México Laura Patria Contreras se sumó a la campaña «Rompiendo cadenas» y amadrinó al cronista deportivo y preso político nicaragüense Miguel Mendoza.
A través de sus redes sociales manifestó que «vivimos una terrible crisis de violaciones a los derechos humanos caracterizada por el ejercicio abusivo de la fuerza para reprimir y callar voces contrarias al Gobierno, por ello es importante visibilizar los casos de arbitrariedad por parte de los Estados».
La parlamentaria demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que libere «inmediatamente» al reo de conciencia, encarcelado desde junio de 2021.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó un desembolso de 10 millones de dólares a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para atender las pérdidas económicas que causó el huracán Julia en Nicaragua.
El monto fue aprobado el pasado 28 de octubre como parte de un préstamo mayor de 186 millones de dólares, que estableció la administración de Ortega con la entidad financiera en 2014 para usar en casos de emergencias por desastres naturales.
Con este desembolso, el régimen de Ortega acumula 19.4 millones de dólares recibidos para amortiguar las afectaciones que dejó Julia en el país; a pesar que el informe final de daños no ha sido detallado a la población.
