La pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a un grupo de altos funcionarios de su régimen, fueron denunciados por segunda ocasión ante la justicia de Argentina por la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados desde 2018.
La denuncia fue presentada el miércoles, dos de noviembre, por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), una entidad civil argentina constituida para promover, defender y garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos en América Latina.
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Además de Ortega y Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, también fueron denunciados: el director de la Policía y consuegro de Daniel Ortega, comisionado Francisco Díaz; el subdirector de la institución policial, comisionado Ramón Avellán; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; la exministra de Salud Sonia Castro; el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la exrectora de la UNAN-Managua Ramona Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
La organización considera que estos funcionarios «son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron asesinatos, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras».
Organizaciones de oposición llamaron a los nicaragüenses a mostrar su rechazo al proceso electoral del régimen, al que califican de «farsa electoral». Los activistas invitaron a los electores a «quedarse en casa» durante los comicios municipales programados para este próximo domingo, seis de noviembre.
Indican que los resultados del proceso «no representarán la voluntad del pueblo» porque se trata de un «proceso viciado, caracterizado por la violación de los derechos constitucionales, la persecución y el asedio a la ciudadanía».
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La presa política y presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyen Barahona, fue reconocida en ausencia con el «Premio de los Derechos Humanos» que otorga la Alianza Progresista como reconocimiento a su labor como defensora de derechos humanos.
El galardón lo recibió Héctor Mairena, miembro de la Junta Directiva Nacional de Unamos, quien expresó que es un «reconocimiento a Suyen Barahona, activista nicaragüense y presa política, cuyo compromiso con los Derechos Humanos es distinguido por la Alianza Progresista, para concluir exitosamente nuestra primera jornada del Encuentro Internacional de la Democracia Social».
La senadora mexicana y presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Mariana Gómez del Campo, quien es madrina de la presa política nicaragüense Tamara Dávila, urgió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que no abandone el seguimiento de la crisis sociopolítica de Nicaragua, en especial, la situación de las personas rehenes de conciencia son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La senadora es parte de la campaña Rompiendo Cadenas de Casla Institute que demanda la liberación de los presos políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, continúa demandando la libertad de su par Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien este jueves, tres de noviembre, cumple 91 días de estar secuestrado por el régimen de Daniel Ortega.
El jerarca católico escribió en sus redes sociales que, «aunque pase el tiempo y muchos quisieran que lo olvidemos, él no olvida a su hermano monseñor Rolando Álvarez, apresado por la dictadura».
