La pareja de dictadores nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a un grupo de altos funcionarios de su administración fueron denunciados por crímenes de lesa humanidad ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la Nación Argentina, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Esta es la segunda denuncia contra el régimen de Managua y su séquito en la nación suramericana. En esta ocasión la querella fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH). El documento fue presentado este miércoles, dos de noviembre, por el abogado nicaragüense y secretario ejecutivo de CALIDH, Danny Ramírez-Ayérdiz.
La denuncia también es contra Francisco Diaz, director de la Policía Nacional; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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«CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras», señala la organización en una declaración pública.
La justicia federal de Argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por el país, según explicaron recientemente expertos en la materia.
«Junto con la denuncia, CALIDH elevó al Juzgado Federal cuatro informes que ha presentado ante distintos órganos de vigilancia de tratados de Naciones Unidas y relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde mostró su profunda preocupación por la situación de los derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes y de la libertad de asociación en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua», explicó el organismo.
La organización también incluyó a la autoridad judicial argentina un resumen de los casos que actualmente tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los que las personas representadas son víctimas de los delitos denunciados en ese juzgado suramericano.
Judicial Ariel Lijo juzgará ambas denuncias
El juez que conocerá la causa es Ariel Lijo, el judicial que juzgará a Ortega y su séquito por los mismos delitos, otra denuncia que interpusieron a inicios de octubre de este año los abogados Darío Richarte y Diego Pirota.
El juez federal Lijo, quien tramita el caso contra Ortega y su séquito, es un respetado y prominente judicial en Argentina. En su trayectoria profesional ha conocido causas contra altos funcionarios de los gobiernos de los presidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner; también investigó al exvicepresidente Amado Boudou y al expresidente Mauricio Macri.
Ahora le toca el turno de investigar la acusación por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y 14 altos funcionarios de la dictadura de Nicaragua. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en el país se co
