La Comisión Internacional por la Vida y la Libertad informó que pese a que el régimen de Nicaragua impidió que una comitiva llegara en julio pasado al país para verificar el estado de los presos políticos, ellos lograron elaborar un escrito basado en entrevistas a ciudadanos víctimas del régimen.
En el documento, recogen las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y las torturas en contra de presos políticos.
«Construimos la radiografía del país secuestrado y usurpado por el clan Ortega-Murillo, no es un país con el régimen, es una cárcel. Casi 400 asesinados desde 2018 y alrededor de 200 presos políticos bajo condiciones infrahumanas, masacres y cierre de medios y la cancelación de toda organización», denuncia el informe presentado por la Comisión la tarde de este viernes, cuatro de noviembre, desde Costa Rica.
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En el caso de los presos políticos refieren que «el aislamiento, torturas, los juicios y las acusaciones falsas a manera de Moscú en los años 30 no dejan de sorprender, además de la completa manipulación legal y la creación de figuras legales especialmente destinadas a justificar las aberraciones y brutalidades cometidas por la dictadura».
El informe completo, que se distribuirá la próxima semana, comprende un capítulo dedicado a la situación de los rehenes con testimonios de «valientes» que han decidido denunciar a la pareja presidencial, además de recoger situaciones de jerarquía estatal bajo el dominio orteguista, la persecución a comunicadores y organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo fue realizado por los parlamentarios latinoamericanos con el objetivo de «difundir» ante la comunidad internacional la situación del país centroamericano.
Los integrantes de la comisión manifiestan que «el clan Ortega-Murillo viene llevando las más aberrantes violaciones a derechos humanos y los más aberrantes crímenes, cosa que pudimos constatar sin la necesidad de haber entrado a Nicaragua, con el solo impedimento que hizo la dictadura nos dimos cuenta de la magnitud de la situación».
Diputados y activistas argentinos, costarricenses, mexicanos, brasileños, peruanos, dominicanos y de otras naciones, provenientes de fuerzas políticas de izquierda, organizaciones nicaragüenses obligadas a trabajar desde el exilio; entidades de derechos humanos de la región; y grupos representativos de la diáspora nicaragüense en Costa Rica, intentaron ingresar a Nicaragua a finales de julio con el propósito de recopilar información con visitas a los presos políticos de La Modelo y La Esperanza, los centros penitenciarios de Wiwilí, Granada y Chinandega, y en las viviendas en donde se encuentran algunos de los reos bajo el régimen de casa por cárcel.
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En la rueda de prensa, detallaron que días antes de intentar entrar a Nicaragua se realizaron diversas gestiones en distintas embajadas en Managua en busca del beneplácito del régimen Ortega-Murillo, el que no hubo manera de conseguirlo.
«Ortega ha traicionado el legado de la revolución sandinista. Ha traicionado el legado de Sandino. Ha traicionado a miles de personas de la izquierda latinoamericana que fueron a Nicaragua en 1989 a luchar contra la dictadura de Somoza. Es criminal. Usa a sus nietos como escudo humano en su búnker», denunció la comisión de izquierda socialista.
El activista nicaragüense Julio Ricardo Hernández denunció por medio de la conferencia que el régimen actualmente se ha «ensañado» en contra de opositores «se han llevado a personas que creímos que nunca iban a tocar, familiares de parientes, todos son inocentes. Esta dictadura ha sido peor que Somoza», expresó.
El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Personas Presas Políticas contabiliza 219 rehenes de conciencia hasta septiembre de 2022, 50 personas de ese total están cautivas en «El Chipote», bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes.