«Karla», una profesora de primaria, de Managua, cada mes se ve en aprietos para ajustar los alimentos de su casa donde habitan 6 personas, y se lamenta cada vez que su hija la llama para decirle: “mamá, se acabó el gas”. De su escuálido salario de un poco más de 8,700 córdobas, el más bajo de Centroamérica para un docente, tiene que rebuscar para comprar el cilindro de gas de 25 libras que en la zona donde vive, al occidente de la capital, ya llega a 475 córdobas, aunque el Gobierno dice que no debe costar más de 439, en esa región.
«Es un drama… para algunos hogares puede decirse que es una tragedia que se acabe el gas para cocinar, imagínese, el gas es tan necesario como los alimentos mismos y aunque se diga que el precio está congelado (desde febrero de este año), la verdad es que cada mes sube. En febrero pagaba 433 córdobas por un tanque de 25 libras, ahora son 445 más los 30 que te cobra la misma agencia por el transporte aunque esté a 3 cuadras, ya llegamos a los 475 córdobas», dice la maestra que aceptó hablar con Artículo 66 a condición de no revelar su verdadero nombre, por eso la llamamos «Karla».
Ese «drama», como lo califica la maestra, se vive en todos los departamentos del país y mientras más lejos de la capital, peor es. Aunque por ley el Gobierno regula el precio del «gas butano» y ha establecido un precio máximo para el consumidor final, lo cierto es que en algunos lugares como en las regiones autónomas del Caribe y municipios norteños, un cilindro de gas de 25 libras, el de mayor consumo nacional, puede costar entre 30 y 50 córdobas más de lo establecido por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ente regulador.
La «tragedia» del precio del gas, otro término usado por Karla para dibujar la dificultad que representa adquirir el combustible básico para cocinar, que sufren los cada vez más empobrecidos hogares nicaragüenses, podría disminuirse si Nicaragua como país importara el gas más barato del mercado, tal como lo manda la lógica de la oferta y demanda del comercio internacional, sin embargo no es así. Desde hace años el país está importando el gas más caro de Centroamérica y lo «raro» de todo este negocio, es que al menos uno de los importadores ha estado seleccionando al país que lo esté vendiendo más caro para comprarlo ahí y el gobierno no solo se lo permite sino que participa en el negocio obteniendo jugosas ganancias.
Esta investigación de Artículo 66 alumbra hacia las estadísticas que revelan que a partir del 2008, hemos estado consumiendo el gas licuado más caro de la región porque así lo han querido los que mandan en ese mercado en el país: la empresa Tropigás de Nicaragua, amparada en una oscura autorización no escrita que le ha permitido importar el producto de mayor precio del mercado aunque haya ofertas mucho más baratas en otros países cercanos y con todo eso, desde la llegada al poder de Daniel Ortega, Tropigás junto a Petrogás (Petronic), Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y Zeta Gas han aumentado las ventas a los hogares nicaragüenses en más del 150 por ciento.
El Gas Licuado de Petróleo, GLP, es uno de los productos derivados del llamado «oro negro», además de ser de gran demanda en el país para su uso doméstico como gas para cocinar, también puede utilizarse como combustible para turbinas de generación de energía eléctrica. En Nicaragua, según datos oficiales, actualmente más del 50 por ciento de la población cocina con este tipo de combustible, un número que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto explica por qué la demanda y por consiguiente la comercialización de gas, dominada por la empresa Tropigás, es un negocio muy rentable y que crece vertiginosamente en el país.
Las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indican que la importación, comercialización y consumo de gas para uso doméstico en el país se ha más que duplicado a partir del 2009, pero, hay un detalle que llama la atención en este aumento: siempre compran la mercancía al país que lo venda más caro.
El principal importador de este producto es la empresa Tropigás de Nicaragua que trae al país aproximadamente el 80 por ciento del volumen total, que actualmente alcanza 1.4 millones de barriles al año. Luego aparece en algunos años y en el orden, Petróleos de Nicaragua (Petronic), Alba de Nicaragua (Albanisa) y Zeta Gas.
En el 2006, un año antes que Daniel Ortega asumiera la Presidencia del país, el consumo de GLP en Nicaragua, según los datos oficiales del MEM era de 672 mil 800 barriles al año, pero entonces, las importaciones eran de 461 mil 360 barriles. No llegaban al medio millón. Para el 2007, el consumo subió a 714 mil 720 barriles y las importaciones fueron de 541 mil 650. El consumo de gas para uso doméstico siguió creciendo y ya para el 2016, se había más que duplicado al alcanzar 1 millón 349 mil 380 barriles y las importaciones alcanzaron el millón 161 mil 560 barriles del producto. El déficit entre consumo interno e importaciones ha sido suplido con la producción de gas en la refinería nicaragüense actualmente propiedad de la transnacional petrolera Puma Energy.
Las importaciones a partir del 2007, se comportaron así:
Las estadísticas oficiales del MEM indican que del volumen total de GLP que fue importado en el 2007, el 52.7% fue adquirido en Honduras. Mientras que a El Salvador se le compró el 25.7% y a Guatemala otro 21%. Al año siguiente y hasta el 2011, Honduras siguió liderando las ventas de GLP a Nicaragua.
En el 2012 la compra de gas a Honduras disminuyó drásticamente a 86 mil barriles. Ese año el líder en ventas del gas doméstico a Nicaragua fue El Salvador que envió al país un total de 627 mil 665 barriles. Pero en el 2013, Honduras recupera su puesto número uno en ventas a Nicaragua y envía gas por un volumen de 819 mil 425 barriles; en el 2014 fueron 846 mil y en el 2015 la venta representó 860 mil 469 barriles de gas hondureño.
Pero en el 2016, El Salvador asume de nuevo la mayoría de la venta y factura para Nicaragua 1 millón de barriles de GLP.
Todo parecería normal en unas transacciones de compra-venta entre países, sin embargo, lo sospechoso en estas transacciones, a partir del 2007, es que los importadores de GLP se han estado yendo a comprar al país que precisamente ofrece el precio más alto de la región.
Por ejemplo, en el 2007, Honduras ofreció 4 dólares por barril más caro que Guatemala y más de 6 dólares por encima del precio salvadoreño, sin embargo, fue a Honduras que se le compró la mayor parte del gas doméstico para Nicaragua. Ese mismo principio se aplicó en los años siguientes, hasta llegar al 2012, cuando el precio del gas licuado cayó en Honduras con respecto a El Salvador. Entonces la importación de ese año se hizo desde el mercado salvadoreño aunque fuera el más caro.
Ese «detalle» es extraño porque en el 2013, el precio hondureño vuelve a ser el más alto de Centroamérica y entonces las compras se hicieron de nuevo al país vecino del norte y se siguió haciendo de esa forma con Honduras hasta el 2016 cuando la cotización del GLP catracho se derrumba hasta los 28 dólares por barril, es decir, 15.5 dólares menos que en El Salvador y Guatemala. Extrañamente Nicaragua vuelve a dejar de comprarle a los hondureños y se va a comprar a los salvadoreños, pese a que el barril del combustible gaseoso en ese mercado estaba 15.5 dólares más caro.
Para un experto en combustibles consultado por Artículo 66, que solicitó mantener su identidad en anonimato, el precio internacional del GLP definitivamente incide en la estructura de precios del producto en el mercado interno, por tanto, mientras más barato se adquiere el gas en el extranjero, más barato se puede vender en el país.
«Debemos tomar en cuenta que el precio del gas para cocinar está regulado. Actualmente está subsidiado y exento de Impuestos al Valor Agregado (IVA), por tanto si los importadores lo adquirieran más barato, menor es el precio que debería llegar al consumidor porque el Estado regula esos precios y tiene un cálculo determinado para establecer el precio final tomando en cuenta el precio internacional», explica el especialista.
Partiendo de ese principio, el experto no entiende el porqué el principal importador de GLP en el país estaría adquiriendo ese producto precisamente en el mercado donde se cotice más alto y, peor aún, el Estado que regula los precios, lo permita. «¿Será que Tropigás (principal importador y comercializador) está asumiendo las pérdidas que se puedan generar por comprar más caro?», se interrogó, con dudas.
En opinión del especialista «decir que hay contubernio entre Tropigás y el Gobierno es una aventura especulativa hasta ahora, sin embargo, “para bailar vals se necesitan dos bien juntitos”», ilustró.
¿Chantajes?
El mercado del gas para uso doméstico en Nicaragua ha sido dominado en décadas por la empresa Tropigás-Nicaragua. Esta compañía, según una publicación de los medios nacionales El Nuevo Diario (desaparecido) y La Prensa, actualmente es propiedad de un conglomerado de empresas cuya matriz está en Guatemala bajo el nombre de Da-Gas, del grupo económico Edza. En internet no encontramos registro alguno de dicho consorcio y en la página oficial de Tropigás de Nicaragua, en el apartado dedicado a su historia, no hay referencia alguna a los propietarios de dicha empresa, afincada en el país desde 1965, según sus propios datos públicos.
A la llegada al poder de Daniel Ortega en el 2007, Tropigás de Nicaragua era la importadora y comercializadora dominante en el mercado nacional de gas para cocinar. Cuando el régimen de Ortega se mete en el mercado de los hidrocarburos en el país a través de la alianza con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tropigás sigue siendo dueña y señora del mercado del GLP, sin embargo, en el 2008 esa empresa tiene su primer gran encontronazo con el Gobierno sandinista.
El 24 de septiembre del 2008, poco menos de dos años después de haber asumido la Presidencia, y ya en el inicio del apogeo de los negocios con el petróleo venezolano, Ortega emitió el decreto presidencial 53-2008 ordenando, sorpresivamente, la intervención del Estado en la empresa importadora y comercializadora Tropigás.
En ese momento, Ortega, que estaba de viaje por Estados Unidos, desde donde emitió el decreto interventor, dijo que estaba declarando «Estado de Emergencia Económica» que contempló la intervención de la firma para la importación y distribución del gas, pero que dicha orden no afectaba la propiedad de la empresa.
Ortega justificó la medida diciendo que la intervención a Tropigás, por seis meses, fue para evitar un desabastecimiento que afectaría a un 60 por ciento de los consumidores.
«No podemos permitir un desabastecimiento de gas licuado», dijo Ortega, después de señalar que directivos de Tropigás querían «chantajear» al Estado al exigir al menos un 100% de alza en los precios de cilindros de gas, al tiempo que acusaba a la empresa de incumplir con el peso en los envases. Asimismo la señaló de negarse a pagar las multas impuestas a través del ente regulador INE.
Ortega aseguró, a través de una emisora oficialista, que Tropigás venía causando desde el 2006, «desabastecimiento en el mercado del gas licuado, por su posición dominante».
La justificación de Ortega se quedaría sin asidero si se toma en cuenta que, según los registros oficiales del MEM, la importación de GLP había crecido entre el 2006 y el 2008 en un 13 por ciento. Mientras que el consumo nacional de gas licuado había aumentado en ese mismo periodo en 5.8 por ciento. Es notable que el consumo interno de gas para cocinar fue menor que la importación, por tanto el desabastecimiento no sería un argumento válido.
No obstante, en junio del 2008, Tropigás sí había solicitado un incremento en el precio del gas de hasta 100 córdobas. Los directivos nacionales de Tropigás, al momento de ser intervenida la empresa, argumentaron que «el Gobierno exageró con la medida» y aseguraron que no había desabastecimiento.
La intervención que era por 6 meses fue levantada tres meses después, mediante el Decreto Ejecutivo 01-2009, ratificado por la Asamblea Nacional el 6 de enero de 2009 y publicado en la Gaceta Oficial Número 12 del 20 de enero de ese año. Desde entonces, nunca más hubo “roces” entre Tropigás y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ni referente a precios ni a importación. No obstante, la práctica de importar el GLP más caro de la región continuó y los volúmenes de importación crecieron, mientras Tropigás no amplió su infraestructura de almacenamiento.
Lo que sí ha sido notable es que el Gobierno de Ortega, a partir de inicio del 2009 y hasta la actualidad, ha facilitado el aumento del consumo de gas licuado distribuyendo, a precios «casi de regalo», decenas de miles de cocinas a gas, entre sus seguidores y familias de escasos recursos económicos, a través de su «Plan de Seguridad Alimentaria», en el que incluye el programa «Hambre Cero», mediante el cual entregaron las cocinas con sus respectivos tanques con capacidad para 25 libras de gas, marcados con el nombre de la institución estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic).
Solo en el 2014, según una publicación del medio de comunicación oficialista El 19 Digital, el régimen de Ortega habría entregado 100 mil cocinas.
Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), ya para el 2016 el 54.1% de los hogares nicaragüenses cocinaba con “gas butano” (GLP), el 44% lo hacía con leña. El consumo de gas licuado se ha masificado tanto en el país y se ha convertido en un insumo tan necesario que está incluido como uno de los 53 productos de la canasta básica, en el grupo de «gastos del hogar» y está libre de impuestos.
Exclusividad reservada
Para algunos analistas, promover la competencia en el mercado del gas para cocinar debería beneficiar a los consumidores con precios más bajos, sin embargo, el régimen Ortega-Murillo no parece aceptar competencias y le protege a Tropigás su dominio exclusivo del mercado.
En el 2015, la empresa internacional comercializadora de gas para uso doméstico, Tomza de Guatemala gestionó los respectivos permisos para establecerse en Nicaragua, los que inicialmente le fueron aprobados y empezó a construir una planta de procesamiento, almacenamiento y distribución de GLP en Tipitapa. Esa empresa tiene presencia y reconocimiento en el resto de la región centroamericana. Sin embargo, en el 2016, los permisos de operación le fueron cancelados sin mayores explicaciones, justo cuando su plantel estaba, según han declarado directivos de esa empresa, en más del 90 por ciento de construcción.
El caso no paró ahí, sino que el personal extranjero que laboraba en el país fue expulsado y a finales de 2020, sin previo aviso, sus bienes fueron confiscados. Tomza perdió una inversión aproximada de 4 millones de dólares.
Artículo 66 intentó en reiteradas ocasiones obtener declaraciones de parte de los directivos de Tomza en Guatemala pero, aunque inicialmente la asistente de la dirección general para Centroamérica contestó dos llamadas y se comprometió a ponernos en contacto con su jefe, Darwin Hernández, director general, después no contestaron los correos electrónicos ni más llamadas.
¿Qué hay detrás de todo esto? Mientras a la empresa guatemalteca le impiden establecerse en el país y hasta la confiscan, en el 2020, el Gobierno de Daniel Ortega, en medio de todo este sospechoso comercio de gas, autoriza el establecimiento en Nicaragua de New Fortress Energy, una empresa de capital norteamericano que producirá energía eléctrica a base de Gas Natural Licuado (GNL), un producto de origen y uso similares al GLP.
Después del 2016, El Salvador, el más caro pero el principal suplidor
Entre 2007 y 2016, la primera década en el poder del dictador Daniel Ortega, las importaciones de GLP alcanzaron un aumento de 152 por ciento, siempre bajo el principio raro de que los importadores compraron la mayor parte de ese combustible alternamente entre Honduras y El Salvador, en dependencia de quién lo vendía más caro. Pero esa historia no terminó ahí. A partir del 2017, el cuento siguió siendo igual. pero con una arista: aparece Petronic y Albanisa en el negocio, comprado “barato y vendiendo caro”.
Ese año el mercado salvadoreño cotizó el precio CIF (precio internacional de una mercancía puesta en el país de destino), el GLP a 56.12 dólares por barril, más de cinco dólares por encima del precio guatemalteco y 14 dólares más que el de los Estados Unidos. Honduras ni siquiera aparece cotizando su GLP pues desde el año anterior su precio había caído hasta los 28 dólares, sin embargo, ¿dónde creen que Nicaragua compró el gas que usaron los hogares nicaragüenses para cocinar? Efectivamente, lo compraron en El Salvador, el más caro de la región.
Según los registros del MEM de ese año, Nicaragua importó un total de 1 millón 227 mil barriles de GLP y de ese volumen, a El Salvador, el más caro, le compraron 1 millón 70 mil barriles por el que se pagó más de 60 millones de dólares. El principal comprador fue Tropigás.
Y hay que poner buen ojo al siguiente dato: en Estados Unidos, el más barato, la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), conglomerado de empresas relacionadas con la familia dictatorial Ortega-Murillo, que entra al negocio del gas para cocinar, le compró 17 mil 995 barriles cancelando en el mercado norteamericano 763 mil dólares. Y a Guatemala, el segundo más caro, se le compró 138 mil 281 barriles de gas licuado, por un valor de más de U$7.1 millones, que fueron adquiridos por Zeta Gas de Nicaragua.
En el 2018 todo ocurrió de la misma manera. El Salvador vendió el gas más caro, a U$61.73 y le facturó a Nicaragua 1 millón de barriles por un valor de 61.7 millones de dólares. El comprador fue Tropigás. Albanisa vuelve a aparecer como importador de ese combustible, siempre desde el mercado estadounidense, mucho más barato, e importó 128 mil barriles.
Nada cambió para el 2019. Tropigás sigue comprando el GLP más caro a El Salvador. Solo que ese año Albanisa compró 50 mil barriles a EE.UU. y entra en escena Petronic, como importador con un volumen de 230 mil barriles de gas, entre Albanisa y Petronic, (ambas empresas controladas por la familia Ortega-Murillo) importan más del doble de lo que trae a Nicaragua Zeta Gas. Las estadísticas del MEN no especifican desde qué país importó esa mercancía la estatal Petronic.
Debe destacarse que el 2019 fue el año de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Albanisa por ser señalada de «mampara» de la familia Ortega-Murillo para lavar dinero proveniente de los negocios petroleros con Venezuela.
En 2020 y 2021 Albanisa ya no importa, pero Petronic sí trae al país 350 mil barriles de GLP mientras que Tropigás importa más de 900 mil barriles bajo la misma práctica. Comprando a El Salvador que cotiza el precio más caro de los proveedores históricos para Nicaragua.
Y he aquí la cereza del pastel, según un economista consultado por Artículo 66, mientras Tropigas compra el GLP más caro que pueda encontrar en la región y el Gobierno de Ortega utiliza esos precios de importación para definir la estructura de precios y establecer el precio final al consumidor. Albanisa (Hasta el 2019) y Petronic, hasta la actualidad, compran el gas más barato que puedan encontrar, incluso si lo tienen que adquirir en Estados Unidos, pero no por comprar más barato venden más favorable.
Para muestra un botón: el listado de precios oficial vigente establecido por el INE es genérico. Es decir, no establece precios diferenciados para cada empresa, El valor actual constituye el supuesto «precio congelado» por el régimen desde febrero y señala que en el departamento de Managua el precio máximo que debe pagar un consumidor por un tanque de gas de 25 libras es de C$436. No importa de la empresa que sea. En realidad nadie paga eso.
Artículo 66, a través de llamadas telefónicas cotizó precios al azar en diferentes puntos de Managua y en una «agencia» de Ciudad Sandino el precio de Tropigás es de C$445 más 20 de envío (C$465); Petrogas C$460 incluyendo envío. Es decir, solo 5 córdobas menos. En el sector del kilómetro 10 y medio de la Carretera a Masaya el precio fue de C$450 más 20 de envío (C$470) Petrogas cuesta 6 córdobas menos. En el sector de los barrios aledaños Villa Ruben Darío, La Subasta y Mercado Mayoreo, el tanque de 25 libras también tiene un costo de C$470, incluyendo 20 de envío y aquí la diferencia de precios con Petrogas también es de 5 córdobas. En los departamentos pasa lo mismo.
Es decir, Tropigas, comprando el GLP más caro de la región define la estructura de precios en Nicaragua y gana millones de dólares, Petronic, comprando el más barato vende tan caro como Tropigas y los que administran esa empresa se embolsan muchos más millones.
Capacidad de almacenamiento
De acuerdo con los datos publicados por el MEM, para el 2017, Albanisa tenía una capacidad de almacenamiento para GLP de 48 mil barriles. Esa capacidad se amplió a 60 mil barriles para el 2019 y se mantiene hasta la fecha. En tanto, Tropigás, que importa un volumen promedio mensual de entre 93 mil y 120 mil barriles, tiene una capacidad de almacenamiento de 11 mil 300 barriles en sus planteles. Por su parte, Zeta Gas cuenta con una capacidad para almacenar solo 3 mil 150 y Petronic 1,250 barriles.
A su vez, Puma Energy, que produce un promedio diario de 750 barriles de GLP, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 13 mil 700 barriles. Sus tanques están ubicados en la refinería de Managua. Hay un acápite denominado «otros» a los que les identifican tanques para almacenar otros 8 mil barriles del combustible.
Debe tomarse en cuenta que por normativa estatal para asegurar el abastecimiento nacional en caso de emergencias, es obligatorio que los comercializadores de combustibles, en este caso de GLP, deben mantener una reserva de la mercancía suficiente para abastecer el mercado interno por un periodo de un mes.
Dado que Nicaragua, según el MEM, tiene un consumo mensual promedio de 100 mil barriles de gas, este volumen debería mantenerse en reserva, sin embargo la capacidad nacional alcanza para 97 mil barriles de los cuales Albanisa tiene 60 mil.
Es decir, Albanisa, el consorcio petrolero relacionado con la familia Ortega-Murillo es la dueña de la mayor capacidad de almacenamiento para gas. Los tanques están ubicados principalmente en Puerto Sandino, en el pacífico de Nicaragua, justamente donde se instala la empresa norteamericana New Fortress Energy.
Refinería Supremo Sueño de Bolívar importa GLP
En el 2018, según los datos revelados por el MEM en su anuario estadístico de ese año, el Gobierno de Nicaragua autorizó la exoneración de impuestos para el proyecto «Complejo Industrial El Supremo Sueño de Bolívar (CIESSB)», a través de seis «avales de exoneración a la importación de materiales, suministros y materia prima (Gas Licuado de Petróleo, GLP) para la operación de la Planta de Distribución de Combustibles Miramar, para un valor CIF de 6 millones 769 mil 140 dólares».
Este paquete de exoneración de impuestos fue superior a la importación total de GLP realizada desde Estados Unidos (U$4.4 millones) y cercana a las compras realizadas a Guatemala (U$7.9 millones).
En ninguna parte del informe se especifica que la planta Supremo Sueño de Bolívar esté operando a base de GLP y para qué fin.
Pero no solo ese perdón de impuesto fue otorgado a la Supremo Sueño de Bolívar pues al año siguiente, en el 2019, el MEM emitió otros dos «avales de exoneración a la importación de materiales, equipos y materia prima (GLP: Butano y Propano)», también justificando que era para la «operación de la Planta de Distribución de Combustibles Miramar» y esta vez el monto exonerado de impuestos fue para un Valor CIF de U$2.2 millones.
Para el 2020 y 2021, el MEM ha dejado de publicar el anuario estadístico y se ha atenido a hacer público solo un resumen de importaciones sin revelar muchos datos.
Y al final de la historia, en el segundo país más pobre de Latinoamérica, con los salarios mínimos más bajos de la región y un desempleo galopante en medio de un régimen dictatorial, las cifras globales de este negocio resultan poco entendibles para quienes todos los días tienen que girar la perilla de su cocina y freír sus alimentos. La profesora «Karla», solo sabe que cada mes tiene que rascar en su bolsillo para comprar el cilindro de gas y rezar para que le dure un poco más.
Los «importadores», y quienes les permiten saltar en el mercado más caro, saben que «Karla» y los más de tres millones de nicaragüenses que compran el gas para cocinar no tienen de otra, en un país donde quejarse por la carestía termina siendo un acto criminal que los puede llevar a la cárcel, solo por querer gas más barato.
