El 15 de marzo de 2021, la gerencia de la empresa guatemalteca Tomza, dedicada a la comercialización, importación, almacenamiento y transporte de gas licuado, supieron que el gobierno de Daniel Ortega los expropió, sin notificación alguna, de las instalaciones que se construían en el municipio de Tipitapa, Managua y que ya tenía más del 90 porciento construido.
La trasnacional entró a Nicaragua en 2015; según el director de Relaciones Corporativas de Tomza Centroamérica, Fernando Carreón, la decisión de invertir en el país fue porque vieron una oportunidad en el país para crear empleo a través de la venta de gas licuado, pero expresó que luego de cumplir todos los requisitos, el siete de de junio de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) les comunicó que el Marena les revocó las autorizaciones.
En entrevista al medio de comunicación Confidencial, Carreón expresó que el argumento que dio la dictadura orteguista fue que los tanques para almacenar el gas habían entrado al país de forma ilegal, aunque aseguró que tienen los comprobantes del pago de impuestos, los documentos de internación (trámite aduanero que realizan para el transporte terrestre de equipos), entre otros documentos legales.
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El empresario también dijo a Artículo 66 que luego que les fue notificada la cancelación de la construcción, ya no se les permitió entrar al terreno. «Nunca nos permitieron reactivar la construcción y digo reiniciar la construcción porque estaba a un 92 porciento de terminada la planta».
Carreón refirió que no fueron notificados de la expropiación de las instalaciones propiedad de Tomza, fue hasta el 15 de marzo de 2021 que fueron informados que los portones donde se construía la planta fueron pintados en verde.

«Nos llamó la atención y comenzamos a investigar, y nos dimos cuentas que la propiedad fue expropiada. Ya empezó el procesos legal que lo manejan los abogados», además indicó que no saben cómo fue expropiada la planta porque no tienen acceso al expediente legal.
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En cuanto a la pintura de color verde con la que fueron pintados los terrenos donde está la planta de gas, Fernando Carreón afirmó desconocer el fin de pintar y tampoco sabe sobre el color que el régimen utilizó, pero aseveró que se puede relacionar con la empresa Petronic, propiedad del Estado.
Califican como robo la acción de la dictadura
Para Fernando Carreón, la expropiación de la empresa es un robo de la dictadura, «porque no tenían derecho de hacerlo, porque la planta no estaba abandonada a como lo mencionan las autoridades, estaba abandonada porque no nos permitían el acceso a ella, si no la planta estuviera al 100 porciento».
«En las instalaciones teníamos maquinarias, bombas; teníamos equipos que ya desparecieron y no sabemos dónde quedó. Nos están quitando una propiedad que es nuestra, con una inversión de cuatro millones de dólares que se hizo en el país y que iba a generar 235 empleos iniciales, más mil empleos indirectos».

El empresario considera que si el régimen orteguista expropió a esta compañía extranjera, puede realizar las mismas acciones con otras empresas privadas que quieran o estén invirtiendo en el país. «Si a nosotros lo hicieron, no creo que con otras empresa no pudieran hacerlo. Qué pena porque es una incertidumbre jurídica para el inversionista extranjero».
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El director de Relaciones Corporativas de Tomza expresó que la planta fue construida con el préstamo de un banco nicaragüense y que fue pagado por la empresa guatemalteca, sin embargo se quedaron sin nada, a la espera de una respuesta luego de la gestión de sus abogados.

«No sabemos a manos de quién pasa la empresa, solo sabemos que justifican que es una necesidad del país y que la propiedad estaba abandonada, pero si estaba abandonada fue porque no teníamos acceso a ella, por autorización de la PGR» reiteró Carreón.
El representante de la compañía concluyó en que las acciones del régimen Ortega-Murillo desmotiva a la empresa extranjera a invertir en Nicaragua. «Nosotros sabíamos que en todos los países hay riesgos, pero no pensamos que hubiese este problema, porque obstaculiza la opción de generar empleos. Esto lo calificamos como un robo a la propiedad, porque no hay una justificación de la expropiación, porque todo se ha hecho legalmente».
Es la carta e presentación del régimen dictatorial: el robo, la confiscación, el asalto. Asi son los sandinistas.