Después de revelarse los despidos de Katia Jaentschke, hija del exvicecanciller y actual ministro consejero en la Embajada de Costa Rica, Valdrack Jaentschke, y la exdiplomática Ruth Tapia Roa, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán reveló que existen «fuertes presiones» contra los trabajadores judiciales que terminan en despidos y renuncias.
Lo que se conoce, hasta ahora, es que el despido de las dos exfuncionarias judiciales fue por «órdenes superiores» de la Secretaría del Frente Sandinista, ubicada en El Carmen. Katia Jaentschke se desempeñaba como directora de Relaciones Internacionales desde septiembre de 2019, y Ruth Tapia, —quien fue despedida a inicios de mes—, era directora de Protocolo en el Poder Judicial.
«Así como son puestos en esos cargos, que obedecen más a intereses políticos que institucionales, de la misma forma son despedidos, fuera de los márgenes que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial», aseguró el experto.
Noticia relacionada: Daniel Ortega destituye a dos directoras de la Corte Suprema de Justicia
«A ellos no se les hacen concursos de méritos o concursos de oposición para ocupar esos puestos según las capacidades profesionales; de la misma forma son despedidos», añadió.
Morazán manifestó que al salir de una institución del Estado como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es como salirte de la «mafia». «Nadie va a reclamar porque han sido expulsados. Estas personas, en algunos casos, les asignan puestos de consuelo y en algunos casos les toca vivir en la clandestinidad o en las sombras, como el caso de la exprimera comisionada Aminta Granera», manifestó.
Reveló que han habido muchos despidos, más de los que se han hecho públicos y a todos los niveles, como también han habido muchas renuncias de personas que »han caído en desgracia por razones específicas».
«Lo que pasa es que la corrupción ha minado y filtrado todas las esferas que, cuando se quieren deshacer de alguien, le activan un caso por corrupción que lo tienen ahí en el limbo, pendiente de resolver», manifestó.
Morazán explicó que por años el Poder Judicial ha admitido cualquier tipo de queja en contra de cualquier funcionario. «Lo que hacen en algunos casos es que algunas quejas las mantienen estancadas» y cuando los funcionarios no obedecen algún lineamiento o hacen un comentario de la crisis sociopolítica del país resuelven la queja de forma exprés para despedirlo de su cargo.