El reciente informe de la red regional para la libertad de prensa y expresión Voces del Sur revela que un periodista de un medio gubernamental denunció la represión del régimen de Nicaragua ante el Promotor de la Libertad de Prensa de la organización.
La persona que denunció al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pidió no hacer público su caso.
Según el informe, publicado el 10 de octubre, este periodista es uno de los cinco comunicadores que le fueron violentados sus derechos, pero por temor a represalias pidieron mantener sus casos en privado.
Lo que explicó Voces en Libertad es que, de los cinco casos, tres fueron contra varones y dos contra periodistas mujeres, y en la mayoría predomina el asedio, la intimidación y el acoso policial y de sujetos paraestatales.
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No hace mucho la periodista sandinista Suyén Cortez, que trabajó en el oficialista Canal 13 hasta el año 2021, aceptó que en los medios del régimen «no se hace periodismo» y, en su caso, afirmó que tuvo que volverse un «bufón» para mantener su trabajo y alimentar a sus tres hijos; aunque luego aclaró, a través de sus redes sociales, que efectivamente ella «no está peleada con el gobierno» y exigió al medio «Coffe Times» que eliminara la entrevista.
El reciente informe del observatorio independiente Urnas Abiertas «Análisis del Poder Local» señala que la ruptura del orden democrático, la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega, la cooptación del Estado, la construcción de un sistema de gobierno familiar y los crímenes de lesa humanidad son los mecanismos en que el régimen de Nicaragua genera un control político absoluto. El observatorio también revela que la arbitrariedad y la falta de transparencia prevalecen en las alcaldías.
Alrededor de 3, 700 familias de El Rama, La Esperanza y San Sebastián de Yalí permanecen sin agua potable desde que el territorio nicaragüense sufrió el impacto del ciclón Julia el domingo, nueve de octubre. Mientras más de 13 mil familias de la Costa Caribe aún no cuentan con energía eléctrica.
El dato fue confirmado el mediodía de este miércoles por la vocera gubernamental, Rosario Murillo. Según la portavoz, otras 47 mil familias de la zona del Pacífico aún se encuentran sin el servicio eléctrico.
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Por ahora, se ha confirmado la donación de paquetes de alimentos para 12 mil 500 personas afectadas en El Rama, gracias al Programa Mundial de Alimentos. Mientras, el régimen ha dispuesto la entrega de láminas de zinc para 1 mil 500 familias de Bluefields y Corn Island. Y otro contingente para zonas afectadas de Estelí, Matagalpa y Chinandega.
Este miércoles, el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica a 49 Organizaciones No Gubernamentales nacionales y 51 internacionales, en su mayoría evangélicos y católicos, aumentando a más de 2,300 las oenegés aniquiladas desde la crisis sociopolítica de 2018.
Entre las nacionales cerradas por supuesto incumplimiento de las leyes se encuentra la Fundación Nacional Pro Niños Ciegos (Funapronic) y entidades cristianas como la Asociación Servicio Pastoral Josefina y Ministerio Cristiano, EMAUS, así como asociaciones agropecuarias.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que el incremento «del ataque contra la libertad de asociación y religiosa» por parte del régimen con el propósito de «ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad».
El plazo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo libere a 45 presos políticos vencerá el próximo 18 de octubre, tiempo en que la dictadura de Nicaragua debe informar al supremo tribunal el cumplimiento de las medidas, recordó el abogado mexicano José Ramón Cossío Día en un artículo de opinión publicado en el diario El País de España.
El jurista, que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2003 y 2018, aseguró que falta una semana para que Ortega «decida cuál es su compromiso con el sistema de derechos y garantías que la comunidad interamericana ha decidido que rija la conducta de sus autoridades para proteger la dignidad de sus poblaciones». Afirmó que la resolución «le brinda una nueva oportunidad para definirse. Pronto conoceremos si lo hizo y, sobre todo, cómo lo ejecutó».
